Este martes se cumple un nuevo aniversario del ataque a la entonces vicepresidenta en Recoleta. Sus seguidores preparan un documento con críticas al expediente, que determinó que la pareja de “copitos” actuó por iniciativa propia.
Este 1 de septiembre se cumplen cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido frente al edificio de Juncal y Uruguay, en el barrio de la Recoleta. El aniversario llega con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte condenados como autor material y partícipe, respectivamente, pero con un par de cuestiones que continúan en danza dentro del expediente.
El primero es recurso extraordinario de la fiscal de juicio Gabriela Baigun y la titular de la UFEM, quienes en el marco de sus alegatos plantearon la perspectiva de género y la violencia política como ejes centrales de la acusación, cuestión que posteriormente fue desestimada por el Tribunal Oral Federal 6 en su veredicto. No obstante, tras la lectura de los fundamentos de la sentencia, reclamaron elevar las penas de la pareja y que se incluyan los agravantes de alevosía y de violencia de género.
Por otra parte, se encuentra la denominada “pista Milman”, línea de investigación que presuntamente situaba al diputado del PRO como una de las personas que tuvo conocimiento previo al ataque de Cristina, todo esto según lo que supuestamente escuchó el asesor del kirchnerismo Jorge Abello en el bar “Casablanca” próximo al Congreso.
El legajo fue posteriormente archivado por la jueza María Eugenia Capuchetti, decisión convalidada por la Cámara Federal de Casación; sin embargo, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, abogados querellantes de la exmandataria, fueron en queja y dejaron en manos de la Corte la última palabra, pues siempre sostuvieron que detrás del atentado hubo autores intelectuales, instigadores y financistas.
El peronismo prepara para este martes una doble acción política: la difusión de un documento firmado por partidos y espacios afines con cuestionamientos a la investigación judicial, y una concentración frente al domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria dispuesta por la condena en la causa Vialidad.
El juicio oral por el intento de homicidio comenzó el 26 de junio de 2024 ante el Tribunal Oral Federal N 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, y se extendió durante más de quince meses, con la declaración de más de 150 testigos. Cristina Kirchner declaró como víctima el 14 de agosto de ese año y volvió a plantear allí su sospecha de que detrás de los autores materiales podía existir una trama más amplia.
El 8 de octubre de 2025 el tribunal dio a conocer el veredicto: condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, y a Uliarte a 8 años como partícipe necesaria. Por la unificación con condenas previas, él ya cumplía una pena por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, y ella una por el uso de una credencial de discapacidad falsa; las penas quedaron en 14 años para él y 8 años y 2 meses para ella. El tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el jefe de "Los Copitos", fue absuelto luego de que tanto la fiscalía como la querella retiraran la acusación en su contra por falta de pruebas.
Los jueces descartaron los agravantes de alevosía y de violencia de género en su modalidad de violencia política tras concluir en sus fundamentos publicados a principios de diciembre que no podía hablarse de un estado de indefensión de la entonces vicepresidenta porque contaba con custodia policial y con el acompañamiento de los militantes que la rodeaban esa noche.
Sin embargo, las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta insistieron en el agravamiento de la pena de 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, al sostener que ninguna custodia podía prever un ataque perpetrado por alguien que se hizo pasar por un simpatizante para acercarse a saludar, y que la ausencia de una relación previa entre víctima y atacante no invalida la lectura de género del hecho, sino que refleja el carácter estructural de ese tipo de violencia.
Otro de los expedientes que orbitó levemente alrededor del atentado fue el de Revolución Federal, agrupación por entonces conformada por Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes además quedaron en la mira por el financiamiento que recibió una firma de carpintería vinculada a Morel por parte de la familia Caputo y la participación de Brenda Uliarte en un acto en Plaza de Mayo. Finalmente, la investigación no arrojó resultados concluyentes ni eventuales conexiones entre los integrantes y Uliarte.
Para Cristina Kirchner y sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la falta de pruebas sobre posibles instigadores no equivale a que no los haya habido, sino que es resultado de una investigación que consideran incompleta.
Ese reclamo, sostenido desde los primeros meses posteriores al ataque, es el que buscará instalar nuevamente el documento que circulará este 1.° de septiembre y el que atraviesa, cuatro años después, la lectura política del expediente: mientras la Justicia ya estableció quién gatilló el arma y qué responsabilidad tuvo Uliarte en la planificación, la pregunta sobre si existió alguien más detrás de ellos permanece, para una parte del arco político con su principal referente inhabilitada para ejercer cargos públicos, sin una respuesta definitiva.
Si sos víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
