Las imágenes del departamento de Juncal y Uruguay reavivaron las diferencias entre quienes participaron del procedimiento de 2018.
Las imágenes del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta explotaron en redes y el juicio por la causa Cuadernos abrió una nueva discusión dentro del Tribunal Oral Federal 7, que ahora debe resolver dos pedidos de careo. El procedimiento ocurrió el 23 de agosto de 2018 en el inmueble ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay. El comisario Juan Carlos Barrales estuvo al frente del operativo y su declaración quedó enfrentada con la versión que brindó Julio Silva, encargado histórico del edificio.
La fiscalía pidió que ambos se encuentren cara a cara ante el Tribunal. La fiscal Fabiana León sostuvo que existen diferencias relevantes sobre lo que ocurrió durante aquellas horas y resumió su posición con una frase: “Solo uno puede estar diciendo la verdad”. La discusión sobre el allanamiento tomó mayor fuerza después de la proyección de las imágenes del interior del departamento. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, cuestionó que se mostraran sectores privados del inmueble y reclamó que se preservara la intimidad de la expresidenta.
El por qué del careo
El Tribunal autorizó por mayoría la continuidad de la exhibición después de un cuarto intermedio. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero habilitaron la proyección de distintos espacios del departamento, entre ellos la cocina, el baño, el escritorio y el vestidor. Las imágenes también permitieron observar una puerta blindada detrás de la habitación principal. Barrales confirmó durante su declaración que ese acceso comunicaba con un vestidor o placard.
La acusación sostiene que en el departamento de Juncal y Uruguay se habrían concretado 87 entregas por un monto cercano a los 70 millones de dólares. Ese dato forma parte de la hipótesis que atraviesa el expediente y vuelve a colocar al inmueble de Cristina Kirchner dentro de la discusión del juicio. Silva, en cambio, ofreció ante el Tribunal una versión diferente y afirmó que escuchó al comisario comunicarse con el entonces juez federal Claudio Bonadio y recibir instrucciones para permanecer en el lugar hasta encontrar algo.
El testigo sostuvo que el magistrado habría ordenado que el operativo continuara hasta el día siguiente. Silva afirmó además que durante la etapa de instrucción se sintió presionado y que firmó su declaración “sin leer”. Barrales negó varios aspectos de ese relato, dijo que no recordaba que Silva hubiera presenciado una comunicación con Bonadio y rechazó la versión sobre los gritos atribuidos al juez.
La mirada hacia Baratta
Mientras la discusión por el allanamiento de Cristina Kirchner concentra una parte del debate, otro pedido de careo puso bajo la lupa las acusaciones contra Roberto Baratta. La defensa del exfuncionario solicitó que su cliente se enfrente con los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Zabaleta declaró que entregó paquetes con pesos equivalentes a un millón de dólares.
El exdirectivo sostuvo que actuó por instrucciones de Betnaza (quien confirmó la orden del desembolso) y explicó que el dinero se entregó en moneda local porque no podía acceder al mercado de cambios. El exejecutivo sostuvo que el objetivo era conseguir ayuda para sacar de Venezuela a empleados de Techint durante el proceso de nacionalización de la siderúrgica Sidor.
Baratta rechazó esas acusaciones y sostuvo que ambos exdirectivos mintieron. Su defensa planteó que existen diferencias sobre la forma en que se realizaron las supuestas entregas, las circunstancias y la mecánica de los pagos.
