La denuncia incorporó a otro funcionario del BCRA además del Ministro de Economía, Luis Caputo.
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y pidió que la Justicia allane la sede de la entidad para acceder a documentos y comunicaciones internas sobre las transacciones. El expediente busca determinar cómo se eligió al Deutsche Bank como contraparte de los negocios que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron un resultado negativo de US$1.023 millones.
La presentación también incorporó al subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Nicolás Marcelo Ferro, quien integra el directorio del organismo. Dalbón solicitó que los cuatro funcionarios sean citados a declaración indagatoria y planteó la necesidad de reconstruir el proceso de selección de los bancos, el costo completo de las operaciones y la posible existencia de beneficios indebidos.
La denuncia sostiene que resulta necesario conocer quién propuso las operaciones, qué condiciones se pactaron y si hubo pagos a terceros. La Justicia deberá evaluar esos planteos y determinar si existen elementos para avanzar con nuevas medidas.
El negocio con el oro
El informe desglosó el resultado negativo en US$960,2 millones por opciones y otros US$ 62,8 millones en primas. Esos montos se cubrieron con egresos de divisas, según el organismo de control, lo que implicó una salida efectiva de dólares de las reservas.
La operatoria bajo análisis incluyó un seguro frente a una eventual caída del precio del oro. Para financiarlo, el Banco Central habría vendido a entidades financieras el derecho a comprar el metal a un valor superior. Por lo que Dalbón pidió determinar el monto de las comisiones, que, según cifras difundidas públicamente que citó en su presentación, habría superado los US$60 millones.
Los archivos
El abogado pidió que peritos informáticos copien los correos institucionales de la Presidencia del Banco Central, su directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos correspondientes a 2024 y 2025. La solicitud incluye los registros de acceso y modificación de archivos, con el objetivo de preservar la evidencia electrónica y reconstruir las decisiones vinculadas con las transacciones.
Dalbón propuso, además, consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre posibles registros o reportes relacionados con las operaciones. La investigación también podría incorporar peritajes contables y especialistas en instrumentos financieros para medir el perjuicio.
