La misión técnica auditará los números de junio. Al FMI le preocupa la capacidad de sostener las cuentas públicas si los ingresos pierden contra los precios.
Con la llegada de la primavera, también volverá la clásica misión del Fondo Monetario Internacional (FMI); esta vez, para la tercera revisión del acuerdo vigente. Y cada vez que los técnicos que siguen las órdenes del venezolano Luis Cubeddu, nuevamente habrá números conocidos, metas escritas y alguna preocupación que no necesariamente figura en las planillas oficiales. Esta vez, además de las reservas, el resultado fiscal y la no emisión (donde habrá felicitaciones), habrá un dato que Economía deberá explicar con cuidado: la evolución de la recaudación frente a la inflación.
Formalmente, la discusión será bastante más clásica. La delegación revisará el cumplimiento de las metas correspondientes a junio, particularmente el superávit primario, la acumulación de reservas internacionales y los compromisos monetarios, además de las reformas estructurales prometidas. La visita estaba prevista desde la segunda revisión aprobada en mayo y llega, además, pocos días antes de un vencimiento con el organismo cercano a los US$800 millones.
El Gobierno llega con un argumento fuerte. El equilibrio fiscal continúa vigente. En agosto el Sector Público Nacional obtuvo un superávit primario de $1,99 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones. En los primeros ocho meses del año acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI y uno financiero cercano a 0,2%. El acuerdo con el Fondo proyecta para todo 2026 un resultado primario de 1,4% del producto.
También hay una situación de reservas diferente a la que preocupaba al organismo meses atrás. En la segunda revisión, el FMI reconoció que la Argentina había incumplido la meta de reservas netas de fines de 2025, pero destacó las medidas posteriores para reconstruirlas. El propio staff sostuvo que acumular reservas y recuperar un acceso estable al mercado de capitales deberían continuar siendo prioridades.
Hasta aquí, nada demasiado novedoso. El problema interesante aparece cuando se mira de dónde salen los pesos que permiten sostener el superávit.
En agosto, ARCA recaudó $20,5 billones, un 33,5% más que un año atrás. El número parece importante, pero pierde brillo cuando se lo compara con la inflación interanual. Más todavía cuando se desagregan los principales impuestos: el IVA neto aumentó sólo 25,3%, los ingresos de la Seguridad Social 31,9% y el impuesto a los débitos y créditos 21,5%. Ganancias, en cambio, avanzó 45,2%, mientras que los derechos de exportación saltaron 155,1%, aunque en este último caso intervienen factores extraordinarios que hacen difícil proyectar ese ritmo hacia adelante.
Entre enero y agosto, la recaudación tributaria total alcanzó los $153 billones. El interrogante que aparece detrás de ese número es simple: qué sucede si los ingresos del Estado dejan de crecer en términos reales mientras el Gobierno pretende mantener simultáneamente el equilibrio financiero, atender mayores intereses de deuda y evitar nuevas subas significativas de impuestos.
Ésa puede convertirse en una especie de cuarta meta, aunque no esté escrita como tal en el acuerdo.
El Fondo no estableció formalmente que la recaudación deba crecer por encima de la inflación. Lo que exige es un determinado resultado fiscal. Pero la matemática termina llevando al mismo lugar. Si los ingresos pierden contra los precios, el superávit sólo puede conservarse mediante menores gastos, mayores ingresos tributarios por otras vías o una combinación de ambos.
Y el margen para continuar ajustando algunas partidas es políticamente y económicamente diferente al existente en 2024. Jubilaciones, salarios públicos, universidades, subsidios y obra pública ya atravesaron distintos grados de corrección. Al mismo tiempo, el Presupuesto 2027 mantiene como principio el equilibrio fiscal y obliga al Gobierno a pensar no solamente cómo cerrar 2026, sino cómo sostener las cuentas durante un año electoral.
Agosto mostró además la delicadeza de esa ecuación. Los ingresos totales del Sector Público aumentaron 32,2% interanual y el gasto primario 32,9%. Aun así, el resultado continuó siendo positivo. La pregunta que probablemente interese en Washington no será solamente cuánto superávit consiguió Caputo hasta ahora, sino cuánto de ese resultado puede repetirse hacia adelante.
Ahí aparece la diferencia entre aprobar una fotografía y evaluar una película.
El Gobierno puede mostrar equilibrio fiscal, ausencia de financiamiento monetario directo y una recuperación de las compras de reservas. El Fondo probablemente reconocerá esos avances, como ya hizo en mayo. Pero también observará la capacidad de sostenerlos cuando desaparezcan ingresos extraordinarios, aumenten determinados gastos y la economía ingrese en 2027.
La misión que comienza el 21 de septiembre tendrá entonces tres números oficiales sobre la mesa: superávit, reservas y variables monetarias. Pero habrá un cuarto indicador que posiblemente reciba tanta atención como los anteriores: la capacidad de la recaudación para acompañar a la inflación.
Porque después de casi tres años de ajuste, el interrogante fiscal argentino empieza a cambiar. Ya no se trata solamente de cuánto puede recortar el Estado. La pregunta que comienza a hacerse más relevante es cuánto puede recaudar la economía sin que, para mantener el superávit, haya que volver a empezar el ajuste.
