El Ejecutivo ratificó la medida ya anunciada a fines de agosto. Se argumenta que hay documentación incompleta y fallas en la auditoría a beneficiarios.
El Gobierno designó al licenciado Martín Esteban Gutiérrez como Administrador Provisorio de la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), ante la detección de varias irregularidades en la cobertura y administración de prestaciones médicas.
La medida se adopta luego de que diversas áreas técnicas de la Superintendencia de Servicios de Salud realizaran auditorías exhaustivas que evidenciaron fallas en el cumplimiento de normativas claves para la atención de los beneficiarios, en especial personas con discapacidad, así como inconsistencias financieras y en el manejo de la información.
Las auditorías, realizadas durante el 2024, detectaron que la obra social no cumplió con la correcta carga de los códigos de prácticas en el Mecanismo de Integración, según lo estipulado por la Resolución 887/17 y su modificatoria, la Resolución 360/22.
A propósito, en el Boletín Oficial de este viernes se explica que "el Agente del Seguro de Salud no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, y se adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD)".
Además, se constató la falta de documentación respaldatoria requerida para justificar las prestaciones brindadas a personas con discapacidad. La falta de seguimiento a beneficiarios no relacionados con la actividad principal de la obra social y la deuda en la presentación de informes financieros fueron otros de los problemas detectados.
En el ámbito de las prestaciones, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud reportó información "parcial, incompleta e informal y discrepancias presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de dicha Superintendencia".
Tampoco cuenta con equipos interdisciplinarios de salud mental o discapacidad, incumpliendo con la Ley N° 24.901 y la Ley N° 26.657, y carece de protocolos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). También se observaron graves problemas en la gestión de reclamos de los afiliados, que incluyen la ausencia de respuesta oportuna y la falta de autorización de prestaciones.
En cuanto a los aspectos económicos, la Gerencia de Control Financiero advirtió que la obra social no registra provisiones por prestaciones devengadas, lo que vulnera principios contables básicos como el de devengado y exposición. También se detectaron fallas en la exigencia de certificados de deuda a las redes prestadoras, incumpliendo con la Resolución N° 365/2002.
A nivel prestacional, la obra social no presentó su Plan Médico Asistencial (PMA) del año 2023 y entregó fuera de plazo el correspondiente al 2024. El acceso a prestaciones médicas y de farmacia en provincias como Buenos Aires y Tucumán fue señalado como insuficiente, lo que afecta gravemente a los afiliados de estas regiones.
Las irregularidades también abarcaron la contratación de prestadores no registrados y la falta de registro de contratos prestacionales en el organismo de control. La Gerencia de Asuntos Jurídicos también observó que la obra social no registró todas las acciones judiciales en el Registro Nacional de Amparos, incumpliendo con la Resolución N° 409/16.
"Toda la información y documentación recabada de las distintas áreas técnicas y jurídicas permitió advertir a la Superintendencia que el Agente del Seguro de Salud oportunamente auditado afronta una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la obra social, primordialmente en lo que respecta a asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la entidad", advierte el decreto.
El licenciado Martín Esteban Gutiérrez deberá informar periódicamente a la Superintendencia sobre el avance en la gestión, con el objetivo de normalizar la situación de la obra social y asegurar las prestaciones de salud a los beneficiarios. La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras se lleva a cabo el proceso de intervención.
