Se trata de una causa penal que envuelve a funcionarios, exfuncionarios, diputados provinciales y empresarios de todo el país. Estiman que se perdieron 416.648 hectáreas de bosques nativos.
Avanza la causa conocida como "la mafia del desmonte" en Chaco, la cual investiga una supuesta trama de corrupción en los permisos emitidos para arrasar con los bosques nativos de la provincia. Este lunes, la jueza del Juzgado Federal de Resistencia 1, Zunilda Niremperger, dio lugar a la cautelar de la Fiscalía y se suspendieron los desmontes por tres meses.
El fiscal federal Patricio Sabadini, quien formuló el requerimiento presentado días atrás, había adelantado a MDZ que la magistrada podría dar el visto bueno a su solicitud. Sin embargo, esto no alcanza y cumplido este plazo de tres meses se pedirá una prórroga para seguir avanzando, mientras el suelo no es perjudicado. Del otro lado posiblemente apelarán la decisión.
Sostuvo que el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente tienen como objetivo la prevención de todo daño ambiental, así como impedir su prolongación y agravamiento. Por ello, según su presentación, "se hace indispensable el dictado de una medida cautelar que persiga el cese de las consecuencias dañosas con relevancia jurídico penal; esto es, toda actividad que altere negativamente el bosque nativo y ponga en riesgo el ecosistema".
Chaco es una de las provincias más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera. La pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley 26.331 y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al 2022 asciende a 416.648 hectáreas, de las cuales el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte.
De este modo, la jueza ordenó al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco la suspensión de los desmontes por este período de tiempo. Cabe destacar que el principal apuntado en la causa es el titular de la cartera, Hernán Halavacs.
Esta determinación comprende a los desmontes "que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma". Se tomó en cuenta por "la urgencia en la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de daños irreparables".
Si bien el fiscal Sabadini presentó todo el requerimiento, adjuntando las pruebas del excesivo desmonte que se ha autorizado en los últimos años, la cautelar fue solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), a través de una denuncia penal contra funcionarios, exfuncionarios, diputados provinciales e incluso empresarios de todo el país.
Los delitos que están en juego son: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, defraudación de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica de instrumento, tráfico de influencias e incluso trata de personas, apuntando a explotación laboral y de menores.
