Además, ordenaron investigar a quienes fueron inmunizados "de manera privilegiada".
Este jueves hubo un gran avance en la causa por el escándalo del "Vacunatorio VIP". La Cámara Federal confirmó el procesamiento del exministro de Salud Ginés González García, al tiempo en que ordenó investigar a quienes fueron inmunizados bajo este sistema.
Se trató de la aplicación de vacunas contra la Covid-19 en el Ministerio de Salud de Argentina a ciudadanos que, por las limitaciones dispuestas en el protocolo de vacunación, no les correspondían recibirlas aún; es decir, no tenían prioridad. La jueza María Eugenia Capuchetti notificó esta medida y pidió profundizar en la responsabilidad de aquellos que recibieron las dosis de manera privilegiada.
"De tal modo, personas que no ingresaban en ninguno de los parámetros de prioridad recibieron una o más dosis de la escasa vacuna. Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad", establece el fallo.
Por lo tanto, además de Ginés Gonzáles García, también se apunta contra el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el periodista Horacio Verbitsky, el exministro Jorge Taiana y el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde junto a su familia, entre otros.
Otros implicados son Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García, y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. A la que se sacó de la causa fue a María Elena Borda, jefa de medicina preventiva de este nosocomio.
El fallo, por su parte, bajó los montos de embargo: "Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los delitos que se tratan, los cuales no poseen pena de multa, que los procesados poseen asistencia jurídica particular y que no se han desarrollado otras medidas que incidan económicamente de forma considerable, estimamos que adquieren razón las defensas. Por ello, habrán de reducirse las sumas fijadas del siguiente modo: $20.000.000 respecto de González García, $18 .000.000 para Maceira y $ 10.000.000 para Costa y Guille, respectivamente".
En cuanto a la ampliación de la investigación, se especifica: "Este Tribunal al ordenar la profundización de la pesquisa, en una anterior intervención, se encargó de destacar que el proceso no debía encorsetarse en analizar sólo la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar".
Se alertó que "será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular. Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación. Y ello no sólo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues, como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada".
La Justicia apunta a que los imputados redireccionaron esta voluntad estatal hacia un fin privado, el cual los privilegió frente a una situación de emergencia sanitaria como fue la pandemia. El accionar de los nombrados fue calificado bajo las figuras de abuso de autoridad y peculado, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal.
