Confeccionaron listas de campaña con candidatos inexistentes y hasta muertos. Fueron denunciados, investigados y procesados. Ahora contratacaron y cambiaron su estrategia.
Los cuatro apoderados de partidos políticos que fueron procesados por la Justicia tras haber presentado boletas en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires con candidatos falsos y hasta muertos apelaron la medida. Se trata de Ernesto Raúl Habra, por Encuentro Republicano Federal; Sergio Jesús Medrano, por Justicia y Dignidad Patriótica; Yamil Eloy Salerno, de Proyecto Joven; y Matías Mauricio Burgos, de Esperanza del Pueblo.
A ellos el juez electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla los encontró responsables de haber confeccionado listas —cuyos integrantes desconocían ser parte, estaban muertos o eran inexistentes— con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan de las elecciones.
Por esta razón, los procesó, les prohibió la salida del país y les embargó sus bienes. Ahora, contratacan y quieren demostrar que no existió fraude. Habra tiene su propia defensa mientras los otros tres comparten otra aunque con intereses diferenciados.
Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso MDZ, la investigación demostró que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. La mayoría de los precandidatos no solamente desconocían su inclusión en las nóminas, sino que algunos ya estaban fallecidos.
Con el dinero obtenido ilegítimamente por dos de las agrupaciones -las dos restantes no llegaron a cobrarlo porque sus listas fueron rechazadas por las autoridades electorales-, habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe, de la que es socio el propio Habra. “Se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, explica la resolución.
La investigación comenzó en julio de 2023 cuando, en los días previos a la oficialización de las precandidaturas, el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Allí detectó que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años.
Se enmarcó en una serie de medidas, advertencias y recomendaciones promovidas desde hace años por la Cámara Nacional Electoral, que se enfatizó en 2023 tras detectar situaciones suscitadas con muchas listas contendientes en las elecciones primarias. Por aquel entonces, la CNE había advertido que además del incremento exponencial de listas no podían "descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos”, por lo que adoptó una serie de medidas para verificar la actividad de las imprentas que aparecen contratadas por las agrupaciones políticas e instruyó a los auditores que controlan las cuentas partidarias para que enfoquen controles específicos sobre el gasto en boletas.
Por esto, se abrieron cuatro causas penales -que se acumularon en un único expediente, el 7215/2023- para investigar si estaban cometiendo otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que haga un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos, y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral que daba cuenta de la proliferación de partidos sin vocación política y planteaba la necesidad de reanalizar los estándares de asignación de recursos económicos fijados por la C.S.J.N. en el año 2017 en el caso “Biondini”.
En la causa penal que se formó para investigar estos hechos, el Juez Ramos Padilla convocó a prestar declaración a todos los precandidatos de las cuatro agrupaciones investigadas. Los resultados fueron concluyentes. Después de que 216 candidatos prestaran declaración ante el juez, se pudo determinar que 170 de ellos jamás habían prestado conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a Diputados Nacionales, Senadores Nacionales o Parlamentarios del Mercosur.
A partir de esas irregularidades, Ramos Padilla citó a prestar declaración indagatoria a los apoderados y a los miembros de las juntas electorales partidarias, que también negaron haber aprobado las listas investigadas y, al igual que los candidatos, algunos señalaron desconocer que formaban parte de ese partido y que cumplían funciones en los órganos partidarios.
