La Cámara Federal porteña ratificó la imputación al referente del Polo Obrero, sumando acusaciones de "amenazas coactivas" y "extorsión".
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves el procesamiento de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos del programa "Potenciar Trabajo". La decisión también amplía las imputaciones al incluir los delitos de "amenazas coactivas" y "extorsión agravada", según dictaminó el tribunal de apelaciones.
La causa contra Eduardo Belliboni
Belliboni había sido procesado inicialmente en agosto por el juez Sebastián Casanello bajo la acusación de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que existe evidencia suficiente de un esquema de desvío de fondos asignados al Polo Obrero y a la organización El Resplandor, mediante convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social.
El fallo también señala que los fondos destinados al programa habrían sido utilizados para actividades políticas partidarias, desviándose de los objetivos establecidos por la política pública. Según los magistrados, "nos encontramos ante una modalidad coactiva institucionalizada por el Polo Obrero, que excede el simple desvío de fondos y reúne los elementos de figuras penales más específicas como amenazas coactivas y extorsión".
En el marco de la investigación, se detectó que los beneficiarios del programa eran obligados a cumplir ciertas exigencias, como participar en movilizaciones, para no perder la ayuda estatal. Pruebas clave incluyeron cuadernos y planillas encontrados en comedores allanados, donde se registraba la asistencia de beneficiarios a actos políticos, con detalles de fechas, nombres y supervisores.
Además, la Cámara subrayó la necesidad de investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en estas maniobras. El procesamiento también alcanza a otros miembros del Polo Obrero, entre ellos Mariano Centanni, quien se desempeñaba como tesorero. Ambos dirigentes habrían utilizado su rol para direccionar los recursos hacia fines ajenos al programa, según la resolución judicial.
