Lo dictó el juez electoral Alejo Ramos Padilla luego de una investigación por "maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias".
Candidatos muertos o sin haberse enterado que competían por un cargo en la provincia de Buenos Aires fueron el origen del procesamiento que dictó esta semana el juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, a los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las PASO 2023 con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan de las elecciones.
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso MDZ, se trató de “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
En la resolución judicial de 180 páginas se dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, se les prohibió la salida del país y se embargó sus bienes.
A Ernesto Raúl Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, se lo señala como organizador de gran parte de las maniobras ilícitas en los cuatro partidos investigados y se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades. Por su parte, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven” y “Esperanza del Pueblo” respectivamente, fueron procesados bajo las mismas figuras penales, aunque sólo con relación a sus propios partidos. En tanto, sobre los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, por el momento se les dictó la falta de mérito y se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
La pesquisa, según detalla la resolución judicial, demostró que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. La mayoría de los precandidatos no solamente desconocían su inclusión en las nóminas, sino que algunos ya estaban fallecidos. Con el dinero obtenido ilegítimamente por dos de las agrupaciones -las dos restantes no llegaron a cobrarlo porque sus listas fueron rechazadas por las autoridades electorales-, habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe, de la que es socio el propio Habra. “Se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, explica la resolución.
Muertos desde hacía, por lo menos, 10 años
La investigación comenzó en julio de 2023 cuando, en los días previos a la oficialización de las precandidaturas, el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Allí detectó que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años.
Por esto, se abrieron cuatro causas penales -que se acumularon en un único expediente, el 7215/2023- para investigar si estaban cometiendo otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que haga un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos, y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral que daba cuenta de la proliferación de partidos sin vocación política y planteaba la necesidad de reanalizar los estándares de asignación de recursos económicos fijados por la C.S.J.N. en el año 2017 en el caso “Biondini”.
En la causa penal que se formó para investigar estos hechos, el Juez Ramos Padilla convocó a prestar declaración a todos los precandidatos de las cuatro agrupaciones investigadas. Los resultados fueron concluyentes. Después de que 216 candidatos prestaran declaración ante el juez, se pudo determinar que 170 de ellos jamás habían prestado conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a Diputados Nacionales, Senadores Nacionales o Parlamentarios del Mercosur.
A partir de esas irregularidades, Ramos Padilla citó a prestar declaración indagatoria a los apoderados y a los miembros de las juntas electorales partidarias, y ahora se conoce el procesamiento y el embargo de los responsables de dichas maniobras. Los integrantes de las juntas electorales de esos partidos también negaron haber aprobado las listas investigadas y, al igual que los candidatos, algunos señalaron desconocer que formaban parte de ese partido y que cumplían funciones en los órganos partidarios. También, desde el juzgado electoral de La Plata, se ordenaron allanamientos y se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en los domicilios de Habra.
