Se hicieron 14 operativos en los que se secuestraron cuadernos, planillas de asistencia, celulares y otros documentos de interés para la causa. Todo surgió por denuncias hechas al número 134.
Por orden del juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, este miércoles se hicieron 14 allanamientos a organizaciones sociales y piqueteras por denuncias de extorsión, amenazas y defraudación agravadas. Se secuestraron celulares, cuadernillos, planillas de asistencia y mucha documentación que ahora será analizada para conocer si hubo o no comisión de esos delitos. Los operativos se realizaron sobre la organización piquetera CTD Anibal Verón, el Movimiento Evita, el Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, la Confluencia Popular y el MTL.
El despliegue se hizo justo cuando se cumplieron 22 años de la Masacre de Avellaneda, que tuvo como víctimas a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por policías bonaerenses. Para fuentes cercanas a los allanados, según le dijeron a MDZ, la fecha elegida no fue azarosa ya que el mismo día organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos se concentraron en la estación de trenes para movilizar al Puente Pueyrredón y reclamar cárcel para los responsables políticos, por lo que "los operativos pudieron hacerse con menos reacción y a la sombra de los medios de comunicación".
Uno de los allanamientos fue en Iguazú 622 de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un complejo habitacional donde funciona un bachillerato para adultos y un centro de reunión relacionado a la agrupación MTL. No hubo secuestros.
Otros se hicieron en la casa de Carmen Cirano, histórica referente del MTL y de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) de la CTA; en merenderos, depósitos, oficinas y departamentos de CABA y distintas localidades del Conurbano Bonaerense como Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.
Desde la CTA dijeron que "el complejo de viviendas del MTL aloja a 326 familias que desde hace dos décadas se organizan para resolver el problema del déficit habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires. Allí también funciona un bachillerato popular, una radio comunitaria, y un sistema de asistencia social y comunitaria".
"Este allanamiento se enmarca en la causa que está a cargo del Juez Lijo, y es la continuidad de una campaña de difamación hacia los movimientos sociales que promueve el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei desde su asunción. Con esto, se busca validar el ajuste contra el pueblo ante la opinión pública, justificando la persecución y criminalización sobre los movimientos sociales", agregaron en defensa de Cirano.
Para la Central de Trabajadores Autónomos el Gobierno "lejos de atender las demandas de entrega del alimento acopiado en los galpones del Ministerio de Capital Humano" lo que hace es "imponer el estado de excepción y avanzar sobre derechos democráticos" a la vez "desprestigia" a "las organizaciones populares, que son quienes están cotidianamente construyendo la resistencia a este modelo de hambre, y de un país para pocos".
La investigación comenzó en abril cuando a través de denuncias realizadas a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad, se tomó conocimiento de que podrían haberse estado cometiendo los delitos de extorsión a beneficiarios de ayudas sociales brindadas por el Estado por no asistir a marchas o piquetes. Algunas acusaciones fueron anónimas y otras hechas por personas que se identificaron. En todos los casos dijeron haber sido amenazados con perder el Plan Potenciar Trabajo u otro tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones que convocaban los movimientos allanados.
"Todo el material probatorio será analizado por la Justicia para lograr determinar a los responsables de lucrar con los que menos tienen", dijeron desde el Ministerio de Seguridad y recordaron que "la línea 134 es un contacto telefónico del Gobierno Nacional para realizar denuncias anónimas".
"En el país de la Justicia tuerta, donde los Calcaterra son absueltos cuando roban miles de millones al Estado en la obra pública, siguen los allanamientos a organizaciones sociales que luchan contra el hambre y por trabajo genuino", dijo al respecto el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
