En pocos días, el expresidente deberá dejar su domicilio en Puerto Madero y dirigirse a los tribunales de Comodoro Py.
En pocos días, Alberto Fernández deberá dejar su domicilio en Puerto Madero y dirigirse a los tribunales de Comodoro Py. El expresidente enfrentará una audiencia judicial en el marco del llamado "escándalo de los seguros", un caso que involucra presuntas irregularidades en la designación de brokers y contratos de seguros estatales.
Fernández, a menos de un año de haber dejado la presidencia, deberá dar explicaciones ante la Justicia. Esta citación se suma a otros conflictos personales recientes, como una denuncia de violencia y un juicio de alimentos impulsado por su expareja Fabiola Yañez.
El caso, a cargo del juez Julián Ercolini, involucra una compleja red de decisiones que, según la acusación, habrían sido manipuladas para favorecer a ciertos brokers de seguros. El fallo apunta a que Fernández habría influido directamente en la elección de estos intermediarios en ANSeS y otros 20 organismos, con la colaboración de exfuncionarios de Nación Seguros.
Entre los organismos estatales involucrados se encuentran dependencias clave como la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Ministerio de Seguridad, Gendarmería y la Casa de Moneda. En cada uno de ellos, se habrían emitido designaciones por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónico, práctica que el juez calificó de “irregular” y orientada en beneficio de ciertos brokers. El caso ha revelado prácticas similares en áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, INVAP y Vialidad Nacional, entre otros.
Uno de los nombres señalados es el de Federico D’Angelo Campos, exfuncionario de ANSeS, quien habría firmado contratos manualmente, sin usar los canales formales. D’Angelo, que dirigió el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, fue denunciado por varias autoridades de ANSeS y Nación Seguros y, finalmente, despedido.
La trama se complica con los chats recuperados de los teléfonos de algunos implicados, que muestran comunicaciones constantes sobre las negociaciones. Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers involucrados, compartía con su esposa detalles sobre los acuerdos de seguros, algunos de los cuales incluían comisiones millonarias. Según los mensajes, incluso se registraron reuniones entre él y altos funcionarios para concretar estos contratos.
Uno de los contratos más cuantiosos fue con Gendarmería, generando comisiones que superaron los mil millones de pesos. El ex jefe de la fuerza, Andrés Severino, también fue citado a declarar. Además, se identificaron reuniones entre Martínez Sosa y Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros, en fechas coincidentes con la firma de importantes contratos.
Otra instancia clave del caso se dio en ANSeS, donde D’Angelo Campos habría gestionado la designación de empresas específicas, como San Ignacio y TG Broker, mediante notas enviadas sin respaldo del sistema oficial. La decisión benefició a cuatro coaseguradoras que trabajaron en conjunto: Sancor, San Cristóbal, Life Orígenes y San Germano. Varios empresarios vinculados a estas empresas también fueron llamados a declarar por el juez.
