El fiscal Carlos Stornelli tomó la medida por supuestas irregularidades en el Fondo de Integración Social Urbano.
Este viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social y exprecandidato a presidente, Juan Grabois; a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, al expresidente del BICE Fideicomisos, Jorge Tanús; y a Fernanda Ramona Miño; luego de la auditoría llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei.
De la misma se reportaron irregularidades en el manejo de millonarios fondos dentro del Fondo de Integración Social Urbano de un plan de viviendas durante el período 2020-2023.
En el dictamen que Carlos Stornelli le presentó al juez Sebastián Ramos, el fiscal aduce que "resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023".
En la denuncia también se detalla que los fondos de este fideicomiso estarían en manos de la Unidad Administrativa del Estado, a cargo de los mendocinos Fernández Sagasti y Tanús, y de la exsecretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Ramona Miño, quien integraría el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois.
El dictamen apunta a que Juan Grabois habría tenido participación activa en el manejo y distribución de los fondos bajados por el Gobierno de Alberto Fernández.
"A partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas" con "fondos por hasta US$ 1.000.000.00 en los últimos tres años", dice la denuncia. Y agrega que los fondos fueron utilizados "para beneficio propio o para campañas políticas".
Por otra parte, el escrito sostiene que hubo "sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos. Se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo 60 empleados a 600, siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)".
