La joven está siendo procesada por el delito de injuria racial. A pesar de la grave acusación, su historial limpio de antecedentes penales podría beneficiarla.
Agostina Páez, la abogada argentina imputada por el delito de injuria racial en Río de Janeiro, rompió el silencio antes de enfrentar un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión. "La verdad es que estoy muy nerviosa, he tenido días de muchos nervios, de mucha angustia, de mucha incertidumbre", dijo este martes, en la previa al inicio del juicio.
Acompañada por su padre y su equipo legal, integrado por Carla Junqueira y Sebastián Robles, la joven compartió sus sensaciones con A24: "Sé que estoy bien acompañada por mi abogada, sea cual sea el resultado", expresó, visiblemente angustiada.
La estrategia ante el tribunal
Respecto a su participación activa durante el juicio y la posibilidad de declarar ante los jueces, Páez señaló: "Carla me recomienda que no, pero en algunas cuestiones que yo considere, si tengo que hablar, hablaré".
La joven manifestó un profundo temor ante un escenario de encierro, calificando su estadía actual como una experiencia traumática: "No estoy preparada. Estar en una cárcel es muy fuerte". En un momento de gran vulnerabilidad, añadió: "Si tengo una pena que me lleve a la cárcel, me mato. Ya haber estado aquí dos meses, ha sido un calvario, no me imagino una cárcel".
Finalmente, la acusada cuestionó la contundencia de las pruebas presentadas por la justicia de Brasil, argumentando que el material audiovisual no respalda la imputación: "Están los videos de adentro del lugar, pero la denuncia que yo hago gestos o que yo insulto a alguien no están en los videos porque no ha existido".
El Tribunal Penal N°37, bajo la dirección del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, es el escenario de la primera audiencia del caso. En esta instancia, tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus alegatos correspondientes.
Actualmente, la turista argentina permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria. Se le imputan tres hechos de injuria racial, delitos enmarcados en la estricta legislación antirracista vigente en Brasil. Bajo estos cargos, la querella ha solicitado una pena máxima de 15 años de prisión.
