Tras el decreto que transformó al Nación en una sociedad anónima, el Gobierno Nacional estudia el cierre de varias sucursales y el despido de empleados en distintas provincias, con el objetivo de hacer la entidad más eficiente
Aunque el decreto no menciona explícitamente estas medidas, fuentes oficiales confirmaron que existen estudios para determinar qué sucursales serán cerradas y cuántos empleados serán desvinculados antes de que el Congreso debata la privatización del banco.
El Gobierno planea priorizar el cierre de sucursales en municipios con las tasas más altas de impuestos. En la lista de los 50 municipios más costosos figuran numerosas localidades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas:
La Matanza, Quilmes, San Isidro, Vicente López, Lomas de Zamora, Berazategui, Lanús y Morón.
Otras provincias también están en la mira, como:
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, San Luis, Tucumán, Neuquén y Chubut.
El Banco Nación ya había reducido su planta en un 7% en 2024, lo que representó la desvinculación de aproximadamente 1.000 empleados. Ahora, se prevé un nuevo ajuste que podría afectar a más trabajadores, especialmente en los municipios donde la rentabilidad de las sucursales no justifique su continuidad.
El antecedente más reciente de esta política se remonta a octubre de 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre de 9 de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa. La medida fue una represalia contra el gobernador Sergio Ziliotto, quien había aumentado la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que afectaba a créditos para familias y PYMEs.
Aquella decisión generó una fuerte resistencia en la provincia, con protestas de intendentes y reclamos judiciales para frenar los cierres. Ahora, con la extensión de esta política a otros distritos, es probable que se desaten nuevas disputas legales y conflictos con los gobiernos locales.
¿Qué sigue para el Banco Nación? Privatización en la mira
El Gobierno de Milei tiene como objetivo final privatizar el Banco Nación, pero aún no ha definido cuándo enviará el proyecto al Congreso. Si bien el Ejecutivo ya convirtió a todas las empresas estatales en sociedades anónimas, el Parlamento solo autorizó la privatización de ocho.
Para atraer inversores y facilitar la venta, el Gobierno trabaja en la reestructuración de la entidad. Esto incluye ajustes en la plantilla de empleados, reducción de costos operativos y revisión de contratos laborales. Federico Sturzenegger, a cargo del área de Transformación del Estado, y Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lideran este proceso con el objetivo de hacer al banco más atractivo para el sector privado.
Resistencia sindical y oposición política
El plan de Milei enfrenta una fuerte oposición sindical y política. Sergio Palazzo, líder de La Bancaria y dirigente vinculado al kirchnerismo, calificó la medida como una "estafa" y anticipó una fuerte resistencia a los despidos y cierres.
