Con el foco puesto en Rosario, los ministros de Seguridad y Defensa anunciaron que buscarán significativos cambios en políticas de seguridad dentro sus respectivas carteras.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, presentaron este jueves una serie de proyectos para modificar la Ley de Seguridad Interior.
"Como todos saben la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (...) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas, como la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero", mencionó Petri al presentar la iniciativa que impulsa su cartera.
Ante este escenario, continuó, "el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta ley establece dos supuestos de intervención de la Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior", el primero para "dar ayuda (logística) a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales" y el segundo "a partir de la declaración de estado de sitio, donde claramente no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar".
El ministro especificó que estas las nuevas tareas que podrán hacer las Fuerzas Armadas serán las de patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones, y aprehensiones en flagrancia.
El ministro de Defensa aclaró que las "Fuerzas Armadas no van a actuar para delitos comunes", sino que únicamente estarán "si hay actos terroristas", y en cualquier rincón del país.
Patricia Bullrich, también haciendo foco en la seguridad en Rosario, pero mencionando a la inseguridad nacional, comenzó su locución indicando que se aplicará una Ley Antimafia, en donde "la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, se va a aplicar a todos los miembros de la organización" narcotraficante.
Justificó que todos los miembros de la organización son participes del hecho delictivo, desde quien venda la droga, hasta el encargado del transporte de la misma o quien realice el sicariato. "Todos van a tener la pena máxima", indicó, y en caso de no haber pena máxima, la misma sería de entre ocho a doce años.
