El freno a las transferencias a 13 provincias generó nuevas diferencias entre Javier Milei y los gobernadores. Podría haber presentaciones judiciales.
El Gobierno y las provincias atraviesan otro frente de conflicto como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales. De este modo, la próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el próximo jueves, llegará con un nuevo foco de tensión.
A través de un DNU, el gobierno de Javier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Desde la asunción del libertario al frente de la Casa Rosada, esas transferencias no se llevan a cabo y venían siendo reclamadas.
La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.
A partir de enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema. “Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias”, señaló el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. Sin embargo, por el DNU publicado el último miércoles en el Boletín Oficial se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.
Desde que asumió Milei, se cortaron estas transferencias. No sólo no se realizaban actualizadas, sino que directamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran U$S5.600 millones. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la "armonización" que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
