Qué hay después de la Ley Bases en un Congreso atomizado dónde todos quieren tener su minuto de fama.
La sanción de la Ley Bases marcará un cambio de etapa en la relación de Javier Milei y el Congreso de la Nación, o al menos eso anticipa los referentes de los distintos bloques parlamentarios. La agenda de temas que la oposición espera tratar en el próximo tiempo va desde la movilidad jubilatoria hasta la ley de Boleta Única, mientras tanto el oficialismo, que sigue en minoría, deberá repensar una estrategia política para que la oposición no lo pase por encima en el parlamento.
"Con estas herramientas se le acaban las excusas al presidente, que debe resolver aquello que todavía no resolvió. Los indicadores de la economía, desde que asumió, están mucho peor", dijo el pichettista Oscar Agost Carreño en el debate del jueves para exponer que terminó una etapa de colaboracionismo con La Libertad Avanza. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, atravesado por internas en su partido, dice lo mismo en confianza, aunque todavía no se anima a decirlo públicamente.
"Esto se termina y nosotros empezamos a desmarcarnos porque el PRO tiene su agenda propia", señalaban cerca del macrista de Buenos Aires, que atraviesa una feroz interna en su territorio. Parte de eso se ve en el impulso que su bloque le dio al proyecto que declara la educación como servicio esencial, con el objetivo de delimitar el poder de huelga de los sindicatos.
"Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales", señaló el exministro de Educación y presidente de la misma comisión en la Cámara de Diputados Alejandro Finocchiaro.
El radicalismo entre la agenda propia y la negociación de los gobernadores
El radicalismo también tiene su agenda propia relacionado a la educación universitaria. Para el tres de julio hay un pedido de sesión para tratar los distintos dictámenes sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la Ley de Financiamiento Universitario. Durante todo el debate por la Ley Bases el Gobierno trabajó intensamente para desactivar esa sesión y que el radicalismo retirara el pedido que firmaron los diputados Rodrigo De Loredo y Carla Carrizo, entre otros.
"Estamos conversando con los gobernadores, porque en la negociación por ganancias hubo un pedido del gobierno para que este tema quedara para más adelante", comentó una alta fuente del radicalismo en Diputados en MDZ. Además, los rectores valoraron el gesto político del Gobierno de pagar el día anterior a la Ley Bases la primera cuota del acuerdo pactado por el dinero para el mantenimiento edilicio.
Tanto el PRO como un sector del radicalismo trabajarán en conjunto con La Libertad Avanza para avanzar con las privatizaciones de las empresas que fueron corridas en el debate de la Ley Bases en el Senado. Principalmente Aerolíneas Argentinas. En los dos espacios hay fervientes militantes de la venta del patrimonio del Estado y la aerolínea de bandera tiene todos lo boletos para ser rematada.
Los proyectos del Gobierno no tendrán el mismo lugar que la Ley Bases
El oficialismo también intentará imponer su agenda, pero todo hace pensar que por su poca presencia en las comisiones y los deseos de otros bloques de tomar protagonismo, deberá esperar un poco más de lo previsto. Se espera que con la llegada de Federico Sturzenegger, exsecretario de Política Económica de Fernando De la Rúa y expresidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegue la Ley Hojarasca que anticipó el presidente Javier Milei el viernes por la mañana en una entrevista televisiva.
"Vienen más reformas estructurales, la semana que viene hacemos el nombramiento de (Federico) Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico", anticipó el jefe de Estado.
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaron el envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", aseguró Bullrich en la presentación del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil.
El peronismo no quiere ceder la agenda y espera rechazar el DNU 70
El kirchnerismo por su parte no dejará pasar cualquier oportunidad para reflotar la discusión por el DNU 70/23 que ya rechazó el Senado de la Nación. El bloque que preside Germán Martínez espera un nuevo escenario de tensión entre los gobierno provinciales para reflotar la sesión para derogar el megadecreto del oficialismo. Además, trabajará en los tribunales para impulsar la judicialización del Paquete Fiscal, principalmente con el argumento de que el Senado rechazó la vuelta del impuesto a las Ganancias y la reducción de Bienes Personales.
El Senado además, tiene pendiente el tratamiento de la Boleta Única en Papel, que si quieren implementarla para las elecciones intermedias de 2025 deben acelerar los tiempos. El proyecto ya tiene media sanción y despacho de las comisiones. Sin embargo, el oficialismo todavía no logra la mayoría suficiente para asegurar la sanción de esta ley.
Sí se espera que en los próximos días Martín Lousteau junto al peronismo impulsen el tratamiento de la fórmula de movilidad jubilatoria que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Esta se aprobó con un amplio consenso de los distintos bloques, que todo indica que se repetirá en la Cámara alta, a pesar de los intentos de la vice Victoria Villarruel para que eso no ocurra. Igualmente, el presidente ya dijo que vetará una eventual sanción de esta ley.
A esto se suman los pliegos de los candidatos del Gobierno para ocupar dos cargos en la Corte Suprema, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Ambos necesitan sí o sí del aval del kirchnerismo para ser aprobados porque se aprueban con dos tercios de la Cámara. Todo indica que hay un acuerdo entre el juez federal y Cristina Kirchner para que la bancada justicialista no obstaculice la posiblidad de que este llegue al máximo tribunal
