Ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión, por lo que se necesitarán dos tercios para poder votar y forzar la media sanción a alguno de ellos.
Finalmente habrá una sesión especial para este martes a las 14 en Diputados donde se tratarán los proyectos de ley sobre presupuesto universitario y la declaración de la emergencia educativa.
El pedido formal fue realizado por el bloque de la Unión Cívica Radical e incluye 9 iniciativas impulsadas por el radicalismo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).
Con el objetivo de desactivar la sesión, el oficialismo había convocado a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para continuar el debate el próximo jueves a las 16. No obstante, entre varias idas y vueltas de este lunes, los radicales optaron por ir directamente al recinto.
Mediante un comunicado en la red X, la bancada de Unión por la Patria adelantó que dará quórum y confirmaron que buscarán incluir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
De todas formas, todos los proyectos no cuentan con dictamen de comisión por lo que requieren del voto a favor de dos tercios de los presentes en la sesión para darle media sanción en la Cámara Baja.
A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que "el financiamiento de las universidades públicas está garantizado".
En la misiva difundida, se indica que "se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213".
Sin embargo, dentro del bloque radical consideraron que esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.
En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Posterior a la sesión trunca, cuatro fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la comisión que preside el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro. Sin embargo, no hubo señales de dictaminar hasta el pedido de sesión de los radicales, pues este lunes el oficialismo convocó a un plenario de Educación y Presupuesto y Hacienda para desactivar la llegada de los proyectos al recinto. El radicalismo ratificó su idea de sesionar.