Diputados volverá a trabajar sobre la iniciativa para que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos.
Tras el receso invernal, la Cámara de Diputados volverá a poner sobre la mesa de debate los proyectos de ley de “Ficha Limpia" para que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos en elecciones democráticas.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, ya fue convocado para celebrar una reunión informativa el próximo martes 6 de agosto a las 14, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.
Para discutir modificaciones a la Ley 23.298 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos) serán citados especialistas que volcarán sus opiniones sobre el tema en cuestión.
La decisión de impulsar estos proyectos responde a un acuerdo político con el PRO, que a través de su presidente de bloque, Cristian Ritondo, viene insistiendo para que se ponga en agenda esta temática, con varios proyectos de ley presentados en ese sentido.
Pero el partido amarillo no es el único espacio político interesado en avanzar con una ley de Ficha Limpia: también hay iniciativas presentadas por la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza.
Más allá del interés de otras fuerzas políticas para encaminar el tratamiento de esta iniciativa, el propio presidente Javier Milei había anunciado su intención de encarar este debate durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado, para la apertura del período de sesiones ordinarias.
En ese discurso anunció que promovería un paquete de leyes "anticasta" entre los cuales se incluía un proyecto para que "las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.
En 2019, la coalición entonces oficialista de Cambiemos había intentado darle media sanción a un proyecto de Ficha Limpia, pero trastabilló por falta de quórum durante una sesión en noviembre.
La iniciativa que busca tener un alcance nacional ya tiene sus versiones similares en las provincias. Una de ellas es Mendoza, que desde 2020 tiene este proyecto aprobado y ningún político que tenga una condena firme puede presentarse o candidatearse para un cargo provincial de cualquier rango.
En abril de este año, el Concejo Deliberante de la ciudad cordobesa de Río Tercero se sumó y aprobó una ordenanza que establece que los candidatos a cargos electivos tanto sea para la Municipalidad, el cuerpo legislativo local y el Tribunal de Cuentas, no deberán tener antecedentes penales.
Para el segundo semestre del año, el oficialismo tiene previsto tratar también otros temas como la ley de Hojarascas, un paquete de seguridad, una reforma política y electoral, un proyecto de modernización de la Justicia, y posiblemente las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos.
