Su defensa hará la semana que viene una presentación directa ante el máximo tribunal y recusará a los tres jueces
La ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner le pedirá la semana que viene a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le quite la tobillera electrónica y que no tenga que pedir autorización para recibir visitas en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de San José 1111 por la condena confirmada de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso “Vialidad”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Aru Llernovoy, presentarán en la Corte Suprema un recurso de queja luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara la apelación para llegar al máximo tribunal.
Será el primer planteo que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti recibirán de Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena y la del resto de los acusados en la causa.
Sin embargo, la defensa de la ex mandataria recusará a los tres magistrados. Ya lo planteó en Casación: sostuvo que los jueces son parciales para tratar los planteos tras la condena.
Cristina Kirchner reclama que le quiten la tobillera que controla sus movimientos y que no tenga que pedir autorización a la Justicia cuando alguien quiere ir a visitarla. El Tribunal Oral dispuso que Cristina Kirchner podía recibir en su departamento a sus familiares, médicos, custodios y abogados sin que ellos tengan que pedir autorización pero toda otra persona sí.
Sobre el uso de la tobillera electrónica, los abogados Beraldi y Llernovoy señalan que no evita que una persona se fugue de su prisión domiciliaria -lo que ha ocurrido en otros casos- sino que el dispositivo alerta cuando sale del perímetro permitido. Sobre ese punto sostienen que no hay ningún riesgo respecto de Cristina Kirchner.
Explican que la ex presidenta siempre estuvo a derecho en la causa, que cuando viajó al exterior regresó en el tiempo que había pedido y lo informó al tribunal, que es una persona pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que tiene custodia de la Policía Federal.
Respecto del régimen de visitas. La defensa objeta que se hayan puesto límites en que algunas personas deban pedir autorización para ver a la ex mandataria porque no hay ninguna norma que obligue al Tribunal Oral a fijar esa pauta y que en la práctica ninguna persona que está detenida en su casa tiene esos límites.
Esos planteos fueron rechazados la semana pasada por la Cámara de Casación. Ante ese fallo la defensa de la ex mandataria apeló para llegar a la Corte pero Casación lo rechazó.
La decisión mayoritaria de la Sala IV de Casación, conformada por los jueces Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, postuló el rechazo del recurso extraordinario federal.
En primer lugar, señalaron que el recurso no se dirigió contra una sentencia definitiva, tal como lo exige el artículo 14 de la Ley 48. Tampoco la defensa demostró la existencia de un agravio de tardía o imposible reparación que permitiera, de manera excepcional, equiparar las condiciones de detención a un pronunciamiento definitivo.
Además, estos jueces sostuvieron que la medida regula el acceso al domicilio y el uso de la tobillera no representó una restricción irrazonable al derecho a la dignidad humana. En cambio, consideraron que prevé una regulación ordenada y razonable sobre quién la visita, atendiendo a la naturaleza excepcional de la prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal. Argumentaron que este mecanismo permite un control judicial efectivo de la pena.
Ante ese fallo, la defensa de la ex presidenta presentará un nuevo pedido en la Corte Suprema.
