Así lo manifestaba, Griselda Bazán, responsable de Apifadín, denunciando que la obligación de presentar nuevos certificados afecta especialmente a quienes viven con discapacidad motora y enfrentan dificultades para acceder a estudios médicos. –eldiariodecatamarca.com
La responsable de Apyfadim, Griselda Bazán, en diálogo con el programa La Mañana en La Isla, se refirió a la preocupación que generan las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional respecto a las pensiones por discapacidad. Según explicó, la obligación de realizar nuevos estudios para demostrar la discapacidad afecta de manera directa a personas que ya viven con dificultades en su día a día.
“Hay personas que no pueden hacer frente a estos estudios. Son decisiones arbitrarias, inhumanas y desconsideradas, sobre todo para quienes tienen discapacidad motora. Muchos padres deben trasladar a sus hijos en sillas de ruedas por toda la ciudad o buscar precios para acceder a los estudios que justifiquen la discapacidad”, explicó.
Alcance del problema
Según la titular, la baja de beneficios no solo se observa en la capital sino también en el interior de la provincia. Solo en la ciudad de Catamarca, Bazán indicó que en los últimos días se registraron 26 a 35 casos de suspensión de pensiones.
También señaló que muchas familias cuentan con certificados únicos de discapacidad que detallan condiciones motrices y visuales, pero aun así se les exige documentación adicional, como informes psiquiátricos, a veces imposibles de conseguir en el interior del país. Esto genera que los beneficiarios pierdan la pensión sin previo aviso ni plazos razonables para presentar los papeles.
“No estamos en contra de las auditorías. Sabemos que hubo personas inescrupulosas que obtuvieron la pensión de manera fraudulenta. Pero hay mecanismos más justos: dar plazos razonables para presentar documentación y no cortar los beneficios a quienes realmente los necesitan”, remarcó.
Posibles acciones
Además, confirmó que la asociación, con el apoyo de asesores legales, estudia la posibilidad de presentar recursos judiciales para evitar que continúe la suspensión de pensiones y extender los plazos de presentación de certificados.
“Tenemos una pequeña esperanza de que se detengan estas medidas, pero hasta ahora no parece haber intención del Gobierno de frenar esta situación. Es tremenda la insensibilidad hacia los más vulnerables”, concluyó la titular de Apifadín.
