Mediante un comunicado de los ministerios de Justicia y de Seguridad, se anunció que enviarán un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13.

Los ministerios de Justicia y de Seguridad, dirigidos por Mariano Cuneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente, enviarán al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta nueva Ley Penal Juvenil buscará evitar "la impunidad en los crímenes cometidos por menores".

Cada ministro envió un comunicado distinto. El de Justicia asegura que "se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas".

"Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del '80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas.", agrega en el comunicado Mariano Cuneo Libarona.

El ministro asegura que "esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal".

"Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia", concluye.

El mensaje de Patricia Bullrich es más contundente, apunta contra gobiernos anteriores y contra el "zaffaronismo". "Cumpliendo con el mandato del Presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen", comienza.

"La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas", agrega.

Además, apunta contra "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente": "sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crimenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", continúa.

El comunicado concluye diciendo que "el Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma".

Durante una conferencia de prensa conjunta, los ministros aclararon puntos sobre el Régimen Penal Juvenil, régimen que abarcará a adolescentes entre 13 a 18 años. Se detalló que su privación de libertad será "en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo".

Además, aseguraron que no siempre el adolescente estaría privado de libertad: "Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había adelantado hace unos meses que estaba estudiando los modelos de Uruguay, en donde la edad es de 13 años, y de Brasil, que es de 12. "Estamos discutiéndolo", había señalado. Finalmente, eligió la versión uruguaya.

Para la ministra es necesario que se endurezcan las penas y que el delincuente sepa que no es lo mismo un hurto que un homicidio. "Si es un asesinato tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa. Si realmente hay conciencia del menor, en caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera", explicó en aquella oportunidad.