El Congreso le sigue poniendo límites al Presidente a su pretensión de gobernar a decretazo limpio y sin generar los consensos necesarios con fuerzas de la oposición.
La semana pasada fue una de las peores que le tocó atravesar al gobierno de Javier Milei desde que desembarcó en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. Al estallido del escándalo de corrupción que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, se sumó el rechazo en el Congreso de la Nación al intento del mandatario libertario de gobernar a decretazo limpio y a espaldas del Poder legislativo.
Este lunes se formalizaron los rechazos, en ambas cámaras del Congreso, a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados emitidos antes del fin de la vigencia de los poderes delegados de los que gozaba Milei.
Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial con las firmas del titular del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y de la titular del Senado, Victoria Villarruel.
De esta manera el Congreso echó por tierra la decisión del gobierno de Milei de aprobar, por decreto, un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional que lo declaraba como servicio esencial a la navegación de agua marítima, lo que en la práctica implicaba la limitación del derecho a huelga de los trabajadores.
También se revocó la reorganización y optimización de la estructura de la Administración Pública Nacional. Entre otras cosas se habían fusionado el Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas,. Asimismo se intentó transformar el Instituto Nacional del Teatro y convertirlo en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
El Congreso también rechazó el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativas, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Se revocó además la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo había pasado a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
