A través de un decreto, dispuso la prohibición de vuelos particulares para funcionarios en aeronaves públicas, limitando su uso exclusivamente a tareas vinculadas a su función pública.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó este lunes la prohibición del uso de los aviones públicos en actividades con fines privados. Fue el vocero Manuel Adorni quien justificó la medida en los vuelos particulares que realizó Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos cuatro años (un total de 194) con un costo total de cinco millones de dólares "a todos los argentinos".
La medida, implementada a través del decreto 2024/12, establece que las aeronaves del Estado solo podrán ser utilizadas para actividades que correspondan a cualquier actividad del ámbito público y no privado.
Esta reglamentación también incluye una revisión exhaustiva de los registros de vuelo para detectar cualquier uso indebido o desviaciones del propósito original de estos vehículos.
Sin embargo, el decreto establece en su artículo 2 que los aviones privados del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, los entes descentralizados, desconcentrados o de empresas estatales, "podrán realizar actividades aerocomerciales de transporte aéreo y trabajo aéreo en cuanto cuenten con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad aeronáutica".
El normativa también indica que "los servicios de navegación aérea deberán otorgar prioridad de operación a las aeronaves públicas", las cuales "podrán ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público".
El decreto instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que, en el término de 120 días contados a partir de su publicación, dicte una normativa específica relativa al uso de aeronaves públicas o privadas de propiedad estatal.
