El oficialismo se envalentona tras la visita del Papa León XIV y quiere dictaminar la próxima semana para llevar el proyecto al recinto antes de las sesiones extraordinarias.
Parece un milagro. Tras la visita del papa León XIV, el Gobierno acelera la agenda legislativa y, contra todos los pronósticos, cree que tiene los votos de los gobernadores para aprobar en dos semanas el proyecto de reforma electoral, que establece la eliminación o suspensión de las elecciones PASO.
"Es muy posible que salga la próxima semana", confirmó a MDZ una alta fuente del bloque oficialista, que prevé que estén las firmas para tratar el expediente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Se trata de una noticia de impacto político. Hasta hace pocos días había funcionarios del Gobierno que temían que el proyecto pueda postergarse hasta febrero por la falta de respaldos claves de algunos aliados, en especial por las diferencias en el debate del Presupuesto 2027 y los armados electorales en cada provincia. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se envalentona y dio luz verde para tratar el tema.
La reforma electoral podría destrabarse a partir de una negociación más amplia entre el Gobierno y los gobernadores, que incluye el impulso de una serie de proyectos legislativos reclamados por las provincias. Entre ellos aparece la modificación de la Ley de Cabotaje, una iniciativa que la Casa Rosada pretende reactivar como gesto hacia los mandatarios provinciales en medio de las conversaciones para suspender las PASO. La estrategia también contempla otros proyectos, como el Presupuesto 2027, el denominado Súper RIGI y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas), cuyo tratamiento el oficialismo proyecta para las sesiones extraordinarias de diciembre.
En paralelo, Santilli y Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, mantuvieron el miércoles una reunión en la Casa Rosada para analizar el estado de las conversaciones. En el oficialismo sostienen que los acuerdos electorales con las provincias serán escalonados: algunos estarían prácticamente cerrados, mientras que otros se definirán en los próximos meses. Uno de los principales obstáculos es que los gobernadores pretenden garantías de que La Libertad Avanza no presentará candidatos para disputarles el poder en sus propios distritos a cambio de acompañar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.
Todo ocurre en un contexto de crispación para los libertarios. El karinismo deslizó versiones sobre un posible desplazamiento de Patricia Bullrich de la jefatura del bloque oficialista, en medio de la tensión que la senadora viene generando en la Casa Rosada por sus constantes diferenciaciones y su coqueteo por una eventual candidatura presidencial.
De qué trata la reforma electoral
Uno de los principales cambios es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta oficial deroga el régimen vigente y deja en manos de cada agrupación política la definición de sus mecanismos internos para seleccionar candidatos. Sin embargo, este punto es uno de los que genera mayores diferencias con los bloques dialoguistas, donde algunos sectores plantean mantener las primarias, aunque con carácter optativo, o avanzar con una suspensión para las elecciones de 2027.
El proyecto también endurece las condiciones para crear y mantener partidos políticos. Para obtener la personería jurídica se establecen mayores exigencias de afiliación y representación territorial, mientras que para conservarla se fijan nuevos pisos de adhesiones y resultados electorales. Entre otros requisitos, los partidos nacionales deberán contar con reconocimiento en al menos diez distritos. Además, podrán perder su personería si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o si no alcanzan el porcentaje mínimo de votos establecido. La iniciativa también restringe las condiciones para fusionar agrupaciones políticas y modifica los requisitos para conformar alianzas electorales.
Otro de los capítulos centrales es la incorporación del régimen de Ficha Limpia. La propuesta impide que personas condenadas por determinados delitos dolosos, con sentencias confirmadas en segunda instancia, puedan competir por cargos electivos nacionales. La restricción también alcanza a determinados cargos partidarios y a funcionarios designados del Poder Ejecutivo, entre ellos ministros, secretarios y subsecretarios. El proyecto contempla, además, la creación de un registro público para controlar las inhabilitaciones.
En materia de votación, el Gobierno propone introducir modificaciones a la Boleta Única de Papel, entre ellas la posibilidad de marcar una opción para votar por la lista completa de una agrupación política. También busca facilitar la simultaneidad de elecciones nacionales, provinciales y municipales mediante la incorporación de las distintas categorías en un mismo instrumento de votación. La iniciativa establece condiciones y plazos para que las provincias comuniquen su decisión de adherir a ese mecanismo.
El financiamiento de la actividad política es otro de los ejes de la reforma. El proyecto elimina los aportes estatales específicos destinados a las campañas electorales y amplía las posibilidades de financiamiento privado, incluidos los aportes de empresas. Sin embargo, mantiene el Fondo Partidario Permanente para el funcionamiento ordinario de las agrupaciones, aunque modifica los criterios para distribuir esos recursos. También establece mayores obligaciones de información sobre el origen y destino de los fondos y contempla sanciones ante incumplimientos.
En paralelo, la iniciativa elimina los espacios gratuitos de publicidad electoral que actualmente deben ceder los medios audiovisuales durante las campañas. De esta manera, los partidos deberán afrontar la contratación de esos espacios con sus propios recursos. También introduce modificaciones en las reglas de propaganda electoral, la publicidad de los actos de gobierno y la difusión de encuestas y sondeos de opinión durante los períodos previos a los comicios.
Otro de los cambios alcanza a la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. El proyecto suspende la elección directa de sus integrantes y establece un mecanismo de designación indirecta a través de la Cámara de Diputados, con una distribución de los lugares proporcional a la representación de las fuerzas políticas en ese cuerpo legislativo.
La reforma incorpora, además, nuevas restricciones para las agrupaciones políticas, entre ellas la prohibición de contratar servicios de personas extranjeras. También establece modificaciones en los mecanismos de afiliación, con la incorporación de herramientas digitales para acreditar la identidad y expresar la voluntad de incorporarse a un partido, y fija nuevas exigencias para presentar candidatos mediante la recolección de avales ciudadanos.
