Persecución judicial, criminalización, detenciones arbitrarias y represiones. Son algunos de los hechos denunciados ante la CIDH . El organismo interpeló al Estado argentino y estableció que el gobierno de Catamarca no emita nuevas autorizaciones en el proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera-eldiariodecatamarca.com
De acuerdo a la última resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá.
Es que el organismo internacional puso en la mira al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.
Es decir, que la medida expone un conflicto político que trasciende la esfera provincial. Mientras el gobierno de Catamarca había sido históricamente el principal responsable de autorizar el proyecto, ahora la denuncia internacional traslada la responsabilidad directa al Estado nacional, a través de Cancillería. Así lo explicó la representante legal, de la Asamblea El Algarrobo, Mariana Katz, al remarcar que “cualquier acción de la provincia repercute en la responsabilidad internacional del Estado argentino”, evidenciando la tensión entre jurisdicciones.
El caso se inscribe en un reclamo que ya lleva 15 años, durante los cuales los vecinos de Andalgalá denunciaron vigilancia, persecución judicial, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social. A pesar de estas denuncias, el gobierno provincial siguió autorizando etapas del proyecto bajo distintos nombres, ahora operado por la multinacional Glencore.
La intervención de la CIDH coloca a la Argentina en la mira internacional y obliga a reconsiderar las políticas extractivas provinciales frente a estándares de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Políticamente, la internacionalización del conflicto representa un llamado de atención sobre la articulación entre Nación y Provincias en materia ambiental y de derechos humanos.
Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó recientemente un recurso de los vecinos, declarando abstracto su reclamo, la CIDH abre un canal donde el Estado argentino deberá responder ante un tribunal internacional. En este sentido, Katz manifiesta que “Cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece. El sujeto que debe responder es el Estado argentino”.
Tras la notificación, el proceso inicia la etapa de admisibilidad, en un plazo de tres meses, prorrogable por uno más, Cancillería deberá recabar antecedentes de todos los organismos estatales involucrados, con el fin de armar su estrategia de defensa internacional. Si la CIDH determina que el Estado violó derechos consagrados en los tratados, emitirá un informe de fondo y establecerá medidas de reparación, este incumplimiento podría derivar en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencia vinculante a nivel internacional.
El caso MARA pone en evidencia la presión que enfrenta el gobierno nacional frente a la minería en provincias con intereses extractivos fuertes, y cómo los reclamos por derechos humanos y ambientales pueden transformar un conflicto local en un desafío político y diplomático de alcance internacional.
Reclamo y caminata: Andalgalá en pie de lucha
Mientras la justicia internacional comienza a actuar, el pueblo andalgalense continúa movilizado. Una nueva caminata se realizará este sábado 15 de noviembre a las 19:00 hs, para visibilizar el reclamo contra el avance de este tipo de proyectos mineros.
Bajo el lema: ¡QUE BAJEN LAS MÁQUINAS DEL CERRO!, Vecinos Autoconvocados por la Vida, y Asamblea El Algarrobo difundieron un comunicado en redes sociales, donde exponen que “Lo decimos desde el primer día: lo denunciamos públicamente, lo fundamentamos ante la Justicia provincial y Federal. Caminamos con la voz en alto y el corazón en la certeza de que nuestro andar tiene sentido y verdad. Los pasos sostenidos en el amor y el dolor de un pueblo hoy llegan a la Justicia Internacional, que escucha y atiende nuestras razones”.
