Alberto Fernández le dio dos hectáreas a una ONG dirigida por un exfuncionario suyo, cercano a Juan Grabois, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se interrumpirá ese acuerdo y se auditarán otros.
"En los Parques Nacionales se terminan los acuerdos de los amiguitos del poder, gerentes de la pobreza y de la desidia de nuestro país", dijo en las últimas horas Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales Argentina, que esta tarde viajó a la provincia sureña de Río Negro para ponerle fin a un contrato de comodato que firmó el expresidente Alberto Fernández con la ONG Fundación Arcángel San Miguel por la Justicia, Igualdad y Solidaridad, a través del que se les cedía en comodato dos hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi para que sean usadas como espacio de turismo social durante diez años.
El documento se firmó el 25 de noviembre de 2021 entre Lautaro Eduardo Erratchú, el por aquel entonces titular de Parques Nacionales, y la mencionada fundación, representada por Franco Daniel García Dellavalle, un abogado cooperativista, cercano al dirigente social Juan Grabois y exfuncionario del Ministerio de Economía mientras la cartera estuvo bajo la órbita de Sergio Massa. Dellavalle fue secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, con carácter ad honorem, y director nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social de la Subsecretaría de Servicios Financieros. Actualmente, se autodefine como "militante popular" y miembro del Movimiento Popular La Dignidad.
"Ese contrato de comodato tenía como objetivo que la ONG hiciera turismo social por diez años. Nosotros estamos rescindiéndolo", dijo Larsen a MDZ. Una de las razones tiene que ver con la puesta en marcha de una auditoría a través de la que se intentan detectar irregularidades en este tipo de operaciones. La estrecha relación de Dellavalle con diferentes agentes del último gobierno nacional generan dudas sobre la transparencia del acuerdo y el cumplimiento de los objetivos para los que fue firmado.
Esto no es un hecho aislado. También se detectaron firmas de convenios a través de los que se le reconocían como sagrados determinados sitios en Nahuel Huapi a comunidades mapuches y se suspendían, por otra parte, juicios de desalojo que había iniciado el gobierno de Mauricio Macri. Incluso, aparece la obligación al Estado de construir viviendas a las comunidades dentro del Parque Nacional.
"Dimos de baja ese acuerdo de suspensión de los juicios y nos presentamos como querellantes en las causas penales para avanzar con los desalojos de estos terrenos usurpados", explicó Larsen que recorrerá la zona de conflicto atenido a las herramientas legales sin descartar la posibilidad de que la otra parte involucrada tome alguna represalia conflictiva. Además, Larsen recorrerá parques nacionales y se reunirá con la comunidad de Villa Mascardi, entre otras actividades que tiene prevista en su agenda.
