Quienes se sumen al blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarios podrán exteriorizar fondos de la evasión impositiva sin límite y sin penalidades.
El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su plan de premiar a los evasores y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó este lunes el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones surgidas en el marco del blanqueo de capitales en obras nuevas o con un grado de avance de hasta 50%.
Así quedó plasmado en la Resolución General 5549/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi. Los desarrolladores inmobiliarios podrán informar las obras que califican para invertir fondos del blanqueo mientras quienes se sumen a la exteriorización de estos fondos evadidos del control fiscal podrán hacerlo sin topes ni penalidades a pagar.
Podrán ingresar al REPI "los sujetos alcanzados son los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión o contratistas de contratos de locación de obra".
"Quienes se inscriban en el registro, no deben abrir una Cuenta Especial de Regularización para recibir los fondos regularizados, simplemente deben asociar y registrar una cuenta de su titularidad al proyecto. Esta medida se encuentra en línea con la reciente Comunicación “A” 8090 dictada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", informó la AFIP.
Qué proyectos entran en el blanqueo
La AFIP determinó que en el REPI se incluirán tanto inversiones directas como indirectas para construcción "de edificios residenciales, no residenciales, rurales, loteo de predios, reformas, ampliaciones, instalaciones, mejoras", como también "todo proyecto que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, requiera denuncia, autorización o aprobación de autoridad competente".
Al mismo tiempo, se incluirán aquellos contratos de locación de obras sobre inmueble propio con destino a fines industriales, productivos, de vivienda o comercial.
El organismo recaudador informó además que aquellos sujetos que opten por alguna de las inversiones alcanzadas por la nueva disposición deberán proporcionar "a la entidad bancaria el código de registración del proyecto inmobiliario y la constancia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada al proyecto a la cual se realizarán las transferencias de los fondos".
Más desregulación
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó el domingo por la noche que a lo largo de esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, entre otras medidas.
"Se viene más libertad", aseguró el funcionario y adelantó que habrá cambios en los regímenes informativos y modificaciones en el régimen de firma digital. "Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos", señaló.
“Nos falta reglamentar la sección de la Ley Bases que tiene que ver con la reforma laboral. Tenemos un plazo límite para entregar toda esa reglamentación y quien está liderando este esfuerzo es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en colaboración con el Banco Central, la AFIP, la ANSES, y otras áreas”, dijo el ministro.
Luego, profundizó: “Hay un capítulo que me gustaría destacar, porque es importante, relativo al Fondo de Cese Laboral. Las relaciones laborales en Argentina tienen una carga muy pesada, especialmente en términos de incertidumbre y costos asociados al proceso de indemnización y despido. Esto aumenta considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas”.
Para resaltar la importancia de la medida, Sturzenegger se refirió al caso de la UOCRA. "Existen industrias que han encontrado soluciones a este problema. Un ejemplo paradigmático es el de la UOCRA, que ha establecido un régimen laboral particular, en el que los trabajadores, tras finalizar una obra, deben trasladarse a otro proyecto. Ellos han creado un sistema que permite gestionar esta rotación, armonizando los intereses empresariales con los sindicales y que ha resultado eficaz dadas las características de esa industria”, destacó.
Según dijo el ministro del gobierno nacional en diálogo con TN, el artículo de la Ley Bases "permite a cada industria hacer lo mismo: establecer su propio convenio para resolver este problema. Estamos trabajando en la reglamentación de este artículo para asegurarnos de que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas y sindicatos”.
“La idea es que la reglamentación permita poner en marcha este sistema, sin que haya resistencia ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos. Esto se debe a que ambos se benefician y el único factor que pierde es la industria del juicio, que suele absorber muchos recursos”, continuó el extitular del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri.
Este nuevo sistema "permitirá a los empleados y empleadores llegar a acuerdos más beneficiosos que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó respecto a los cambios implementados, aunque aclaró que "no será obligatorio", es decir, que si el sistema propuesto no resulta mejor para las empresas o los trabajadores "pueden optar por no adoptarlo".
