El artículo 59 de la ley de Educación Superior pone en discusión las auditorías de la entidad.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) rechazó una medida cautelar que había presentado la Universidad de Buenos Aires (UBA), la cual buscaba impedir que se realice una auditoría en la entidad educativa. "Auditar no es intervenir", justificó la SIGEN.
La UBA señala que quien debería realizar la auditoría no es la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo, sino la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Legislativo y está presidida por la oposición.
La discusión se genera a partir de la interpretación del artículo 59 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. El mismo establece que las Universidades Nacionales tienen su propia autonomía en el ámbito económico y financiero, pero al mismo tiempo esta autonomía tiene que respetar las reglas de la Ley 24.156, que establece cómo se debe administrar y controlar el dinero en el sector público en general. Esto permite que la SIGEN realice las auditorías de los fondos públicos.
“El campo de la auditoría no es la intervención. Es simplemente verificar la gestión económica y financiera, con el objetivo de agregar valor y mejorar las operaciones, además de rendir cuentas de los recursos públicos utilizados”, argumenta la SIGEN en su defensa.
Denunciando que la AGN no audita la UBA desde el 2018 y que “la UBA no rindió los fondos que recibe ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias”, detalló que tampoco “rindió el 90,22% de las transferencias del período 2015-2021, como tampoco el 98,87% de las correspondientes al año 2022. A la fecha se encuentra vencido el plazo para rendir la asignación de fondos, por la suma $ 5.107.644.818".
Además, fue mediante un dictamen firmado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, comenzó a funcionar como órgano auditor de las Universidades Nacionales.
La semana anterior, la SIGEN le pidió a la Justicia que la UBA presente "documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional". El Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, con el patrocinio de Barra, presentó el escrito para que, en el marco del artículo, "la Universidad de Buenos Aires presente la documentación referida a la utilización de los fondos públicos que le son asignados por el Poder Ejecutivo Nacional".
En el documento se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende "auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN".
