El Gobierno nacional dispuso el cierre de unos 136 registros del automotor en todo el país. También frenó la apertura de otros 12. Hay bronca en el sector y lanzaron un fuerte comunicado.
Luego de que el Gobierno nacional decidiera eliminar unas 136 oficinas del registro del automotor en todo el país, los encargados de dichos registros se unieron para protestarle a Nación sobre sus últimas medidas y para pedir al Ministerio de Justicia que tome medidas urgentes, ya que el conflicto tiene larga data y solamente crece.
"La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) lanzó un enérgico llamado al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante la inminente amenaza de colapso del sistema registral automotor", manifestaron oficialmente. En un comunicado realizado luego de una Asamblea, los encargados de registros de todo el país advirtieron sobre las graves consecuencias de las políticas actuales y exigieron "medidas urgentes para salvaguardar un sistema que consideran crucial para la gestión pública eficiente".
“Desde su creación por una ley del Congreso en 1914, la figura del Encargado de Registro ha sido un modelo de descentralización y eficiencia en la administración pública argentina", expresó la AAERPA en primer lugar en su comunicado. Los encargados señalan que mientras el resto de la Administración Pública crecía en personal y en gasto, el Registro implementó políticas de gestión de calidad, como la ventanilla única y la informatización de más de mil sedes.
"Fue el primer organismo en contar con una base segura con millones de datos sobre todos los automotores fabricados o importados al país y sus titulares, propendiendo a la despapelización", subrayaron.
Sin embargo, en el medio aparecieron las medidas tomadas por Javier Milei para ir eliminando un 40% de los registros del automotor. En una primera parte se cerraron 136 y hay registros que fueron absorbidos por otras oficinas. En el mientras tanto, hay provincias en las que un turno puede demorar entre 15 días y un mes.
"Las recientes políticas gubernamentales están poniendo en riesgo este sistema. Según la AAERPA, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 es visto como el epitafio formal del sistema actual, proponiendo un único registro administrado por el Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto representaría un retroceso significativo, recordando tiempos en que transferir un automotor podía demorar hasta cuatro meses. El costo de ese registro caería sobre todos los contribuyentes, aun cuando no requieran sus servicios", advirtieron los encargados.
“Con sorpresa, la mayoría de los encargados creímos que en esta etapa en la que se pide gestión con eficacia y eficiencia, cuidar los recursos del Estado, y derivar en el sector privado las tareas que puedan delegarse, el Régimen Jurídico del Automotor iba a ser un ejemplo: una función pública donde el Estado no paga sueldos ni jubilaciones de privilegio, no sostiene inmuebles o alquileres, no se hace cargo de reclamos o juicios laborales ni de mala praxis, y que fundamentalmente cumple con el deber de dar seguridad jurídica a los propietarios, a las transacciones y a las relaciones entre los vehículos y la comunidad”, expresaron en el comunicado.
Y reclamaron por una situación que MDZ Online viene destacando hace tiempo. En los registros no hay insumos ni chapas para patentes, por lo que un patentamiento puede estar demorado por más de un mes. Desde los registros marcan que desde octubre de 2023 se ha congelado la retribución que reciben de Nación y han sido los trabajadores quienes han tenido que poner su dinero para aportar. "El desfinanciamiento ya provocó renuncias y despidos masivos", comentaron.
"Nos vemos en la obligación de proteger el sistema, al usuario, a los 12.000 empleos en juego y a nuestro propio patrimonio y derechos personales, ante la evidencia del quebranto inminente", concluyeron y pidieron que intervenga el Ministerio de Justicia para que el sistema no quiebre.
