La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue sin dar con los supuestos barrabravas que provocaron destrozos la semana pasada frente al Congreso y pagará $10 millones a quienes aporten datos.
Luego de asegurar en reiteradas oportunidades que tenían claramente identificados a quienes provocaron destrozos la semana pasada frente al Congreso en el marco de la marcha en defensa de los jubilados, el gobierno de Javier Milei admitió este miércoles que en realidad lo que reina en el ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, es el desconcierto.
Así quedó plasmado en la Resolución 357/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Bullrich. Allí se estableció el pago de una recompensa de diez millones de pesos "destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025".
El artículo 2 define que "quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134".
Entre los considerandos de la medida se advierte que "es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y barras bravas de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo”, y señala que hubo “movilizados que no tenían nada que ver con la convocatoria que agredieron a fuerzas policiales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional afirmaron que durante la manifestación de la semana pasada se ejercieron delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, y, en ese contexto, señalaron que “resulta necesario y urgente identificar a los autores a través de una rápida y contundente respuesta del Estado”.
En la antesala de una nueva marcha al Congreso, que se prevé será multitudinaria, el gobierno libertario apuesta a vaciarla. Para ello desde hace días desde las más altas esferas de la Casa Rosada vienen amenazando con más represión este miércoles, con denuncias de sedición y la aplicación de la Ley Antimafias a los manifestantes y ahora con conseguir delatores bien rentados.
