El plenario retoma el debate sin acuerdo para dictaminar. Opositores y aliados apuntan al artículo 111, que castiga con prisión la desinformación extranjera.
El Gobierno había fijado un calendario para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: dictamen este miércoles y recinto el 21 de octubre. Las dos cosas parecen poco probables hasta el momento. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto vuelve a reunirse hoy a las 15 sin los acuerdos necesarios para firmar despacho.
Por qué se demora el dictamen de la Ley de Malvinas
La decisión de bajarlo de la sesión la tomó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un gesto que expone el tiempo que necesita el Gobierno para negociar cambios antes de exponerse a una votación.
Esta vez las objeciones no vienen solo de la oposición: en los bloques dialoguistas crecen los pedidos de modificaciones.
El debate empezó a fines de septiembre con una primera reunión que terminó entre gritos y acusaciones cruzadas entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. La segunda semana fue más ordenada. El martes pasado expusieron organizaciones de la sociedad civil invitadas por la oposición, y el miércoles el Ejecutivo mandó a defender el texto a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica y mano derecha de Santiago Caputo.
El artículo que une a críticos y aliados
Uno de los puntos que concentra el rechazo es el artículo 111, que incorpora al Código Penal la figura de influencia extranjera indebida y prevé prisión para quienes, con fondos o instrucciones de actores de otros países, intervengan para alterar el funcionamiento de las instituciones, influir en elecciones o impulsar campañas de desinformación.
Varios bloques piden directamente eliminarlo, y entre ellos hay dialoguistas y diputados cercanos al oficialismo. El argumento es que la redacción es tan amplia que podría alcanzar a la libertad de expresión.
Ibarzábal Murphy había salido a blindarlo con antecedentes internacionales: leyes de Australia de 2018, con penas de hasta 20 años; del Reino Unido de 2023, con hasta 14; de Canadá y Noruega de 2024, y de Nueva Zelanda de 2025. En este sentido, sostuvo que la figura “no criminaliza la difusión falsa, el error periodístico, ni mucho menos la cooperación internacional”. El caso local que citó fue la llamada Operación Quito, una supuesta maniobra británica de desinformación vinculada a elecciones argentinas.
Las críticas no terminan ahí. La oposición y los organismos de derechos humanos también cuestionan la creación del Consejo de Seguridad Nacional, las facultades que se le otorgan al Ejecutivo, los protocolos para derribar aeronaves y hundir embarcaciones, y definiciones como “amenaza externa” o “actividad terrorista”, que consideran demasiado ambiguas.
Qué está dispuesto a ceder el Gobierno
En su exposición, Ibarzábal Murphy admitió que el texto tiene “fallas técnicas” y abrió la puerta a cambios. Aceptó crear una comisión bicameral que controle el Consejo de Seguridad Nacional, que funcionaría bajo la conducción directa de Javier Milei.
Ante un planteo del diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, admitió también revisar el carácter no suspensivo de los recursos contra las sanciones. Y sugirió que el Consejo pueda convocar a gobernadores y presidentes de comisiones del Congreso como miembros no permanentes.
Según pudo saber MDZ, el oficialismo negocia sobre cuatro ejes: acotar el proyecto sin dividirlo, revisar el artículo 111, redefinir quién será la autoridad de aplicación del régimen sancionatorio y precisar qué se entiende por infraestructura crítica.
La oposición insiste en dividir el proyecto
El límite que puso el Gobierno es justamente el que reclama la oposición. Ibarzábal Murphy fue tajante: el Título I “es vital” y separar Malvinas de la defensa integral de la soberanía sería “un error conceptual”. Para justificar la urgencia, apuntó al yacimiento Sea Lion, de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, el primero en pasar a fase de explotación en aguas en disputa.
Del otro lado, el reclamo se apoya en que de los más de 100 artículos, apenas 40 se refieren de forma directa a Malvinas, y el resto amplía las facultades del Ejecutivo en defensa, seguridad interior, inteligencia y política antiterrorista. “Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica”, resumió Eduardo Valdés (UP). Ferraro habló de una “tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder”. Los bloques opositores ya trabajan en despachos propios.
Propiedad privada: el proyecto que el oficialismo sí quiere llevar al recinto
Mientras la Ley de Soberanía pierde lugar en la sesión del 21, el oficialismo intenta asegurar otro proyecto para esa fecha. A las 16 de este miércoles, una hora después del plenario de Malvinas, se reúnen las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y figura primera en el orden del día del 21.
Si no consigue dictamen hoy, LLA necesitará mayorías especiales para tratarla en el recinto. La jugada busca vaciar de argumentos a la oposición, que este jueves buscará quórum para voltear el DNU 70/23, y darle una salida legislativa a la extranjerización de tierras.
El viernes pasado, la Corte Suprema suspendió de manera cautelar el artículo 154 del decreto, el que había derogado la Ley de Tierras Rurales.
Para convencer a los dialoguistas, el oficialismo prepara una versión moderada. El proyecto original del Ejecutivo eliminaba cualquier límite a la propiedad extranjera de tierras rurales, y ese capítulo tuvo que salir del texto en el Senado por la reacción política y social.
