El receso se extenderá por dos semanas. Sin embargo, el Gobierno negocia la agenda parlamentaria con una oposición que tiene su preocupaciones.
El Congreso de la Nación comenzó este lunes sus vacaciones de invierno, al menos en la agenda pública. Las negociaciones entre las distintas espadas parlamentarias y el oficialismo sólo descansaron para festejar un nuevo título de la Selección argentina. Pero todavía hay una serie de temas importantes por definir que adelantan un segundo semestre cargado de actividad legislativa.
El oficialismo no quiere que termine agosto sin que se haya empezado a debatir el pliego de los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. El primero de estos, casi descartado, mientras que el segundo podría aprobarse en el Senado con los votos del kirchnersimo, tras un pacto de no agresión.
En paralelo, el Gobierno quiere impulsar, además, una reforma electoral, similar a la planteada en el proyecto original de la Ley Bases. Esto incluía la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). Para eso empezó a tantear a los diputados dialoguistas del bloque radical y de Hacemos Coalición Federal (HCF), que lidera Miguel Pichetto.
Y acá se abre otra ventana. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quiere definir cuanto antes los miembros de la comisión bicameral de Inteligencia. La presidencia le corresponde a la Cámara baja y necesita definir una presidencia para que el kirchnerismo no la arremeta con la mayoría de lugar que ya tiene en el Senado.
Ahí aparece Pichetto nuevamente que pide ese lugar para su ladero Emilio Monzó, pero el oficialismo ya definió en una resolución que para ellos no hay lugar para ellos. Quedaron Gabriel Bornoroni y César Treffinger, por La Libertad Avanza, Cristian Ritondo (PRO) y Mariela Coletta (UCR). El exsenador remarca que el oficialismo no tiene la representación suficiente para quedarse con dos lugares, además su bloque fue clave para la aprobación de la Ley Bases y el Pacto Fiscal.
Otro de los temas que más temprano que tarde el oficialismo deberá definir con el PRO tiene que ver con los puntos de coparticipación que el partido de Mauricio Macri pide que se devuelvan. La estrategia desmarque del PRO con La Libertad Avanza comenzó semanas atrás con el desplazamiento de Patricia Bullrich y el reclamo de que se devuelva ese dinero a al gobierno que conduce Jorge Macri.
En la Casa Rosada todavía no tienen un plan claro de cómo llevar adelante esa "devolución" a la gestión porteña. "Se debe a que es un tema muy complejo de resolver por el desastre que hicieron cuando le quitaron la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires a dedo para dársela a Axel Kicillof", explicó el vocero presidencial Manuel Adorni.
En paralelo, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, empieza a pensar una jugada desde el Congreso para darle una definición al caso. El hombre de Mataderos repitió en su círculo más íntimo una y otra vez que "termina la Ley Bases y el PRO empieza con su agenda". "Nosotros no somos oficialismo, somos un espacio que apoya el cambio, pero que tiene su agenda y sus preocupaciones", explican en su entorno.
Todos estos temas girarán alrededor de una fecha que marcará la agenda del segundo semestre en el Congreso. El 15 de septiembre es la fecha límite que tiene el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo para presentar en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2025. Ya mandó un adelanto donde marcó un dólar a $1.016, es decir, sin devaluación, y la inflación por debajo del 130%. Además, proyectó una caída del 3,5% y la eliminación del impuesto PAIS.
Por su parte, en el Senado se espera una pelea por las agendas. Victoria Villarruel, ajena a las negociaciones que la Casa Rosada encada por la reforma electoral, no quiere dejar pasar la posibilidad de imponer su agenda y sancionar la ley de Boleta Única de Papel, que tiene media sanción de Diputados y despacho de comisiones de marzo. Sin embargo, el tema quedó eclipsado por el debate del DNU 70, Ley Bases, Pacto Fiscal y la falta de votos.
Esa pelea por instalar la agenda la dará la oposición peronista, que quiere tratar en la próxima sesión la reforma de la movilidad jubilatoria, que fija el haber mínimo en 1,09 veces la canasta básica, da un aumento del 8% y fija un fórmula marcada por la inflación y una recomposición anual según el aumento de salarios. El Senado votó en la última sesión que el tema será tratado con dictamen en la próxima sesión. Igualmente, la agenda judicial parece imponerse una vez más en la Cámara alta y es posible que el sector social sobre el que recayó más del 30% de la motosierra libertaria tenga que esperar una vez más.
