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YPF: la Argentina deberá pagar US$16.000 millones en enero
La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó la solicitud de Argentina para presentar una garantía, por lo que el Gobierno deberá pagar 16.000 millones de dólares.
La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina de prorrogar el plazo para presentar garantías por el caso YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), lo que obliga al Estado nacional a pagar 16.000 millones de dólares antes del 10 de enero del 2024.
De acuerdo con la sentencia de la jueza Loretta Preska, si la Argentina no paga lo que debe antes de la fecha establecida, el 11 de enero podrían comenzar a haber pedido embargos.
Esta semana, los abogados del país solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, decía el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, los representantes de la República remarcaron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.
Sin embargo, la magistrada denegó el pedido: “el 26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó. Pero esta vez la República busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional de 90 días. Por múltiples razones se desestima la moción”.
Cabe recordar que este caso se trata de un juicio multimillonario, en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones, por "haberse quedado de manera indebida" con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012 cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Preska determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. Así, si el próximo 10 de enero, en 20 días corridos, no se presentan avales por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado.
"Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata", escribió Preska.
El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, quien a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quien se le compró su paquete accionario por unos USD 5.000 millones. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado.
