El diputado Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, presentó ante la Justicia un escrito mediante el cual busca determinar si hubo un uso indebido del poder para extender el aislamiento.
Una nueva denuncia vuelve a poner en la mira a Alberto Fernández, en medio de las acusaciones que afronta de su expareja Fabiola Yañez por violencia de género. Y es que este martes el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, hizo una presentación penal contra el expresidente por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, luego de los polémicos dichos del exministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la cuarentena en la pandemia.
La denuncia aparece menos de 24 horas después de que el fiscal Guillermo Marijuan impulse una causa similar contra el exgobernante y sus funcionarios.
El texto recientemente presentado por Santoro también lleva la firma de José Magioncalda, director del equipo de legales de la mencionada fundación, y el abogado Ignacio Falcón. Precisamente, el escrito apunta a la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal, que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
La denuncia da cuenta de los dichos de Guzmán, quien señaló que la prolongación de las restricciones durante la pandemia de COVID-19 fue, en parte, una estrategia política para fortalecer al Gobierno.
"En un momento pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno", dijo el exjefe de Hacienda durante un reportaje.
El escrito incluye una serie de notas que recopilan los datos negativos que produjo el covid-19 sobre la actividad del país y en varios sectores, incluyendo cifras de pérdida de empleo, cierre de locales y aumento de la pobreza.
"Al cumplirse un año de aquella conferencia de Alberto Fernández en la que anunció el comienzo de la cuarentena obligatoria, la economía argentina aparece desnuda. Tiene que ver en ello la pandemia, claro está, pero también las debilidades propias y las decisiones que se tomaron cuando ya la tormenta se había desatado", señala uno de los artículos.
"Los efectos secundarios y secuelas del manejo de la pandemia por parte del ex Presidente ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ habría afectado drásticamente al ámbito del comercio, la salud, la escolaridad, la minoridad y el empleo", asevera el texto.
En ese sentido, indican que con los datos aportados por Guzmán, donde "las restricciones habrían sido intencionales y con fines de marketing político y aprovechamiento de las circunstancias para el beneficio de unos pocos, ya no podríamos estar hablando de negligencia o impericia, sino de un profundo dolo penal".
Por eso, subraya que estas medidas, lejos de ser meras respuestas técnicas a una crisis sanitaria, habrían sido implementadas con intenciones políticas que perjudicaron a millones de argentinos.
Como conclusión, se solicitó la recopilación mediante la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de "todo informe, intercambio de mails, desgrabación de conversaciones, grabación/filmación de reuniones, y todo otro registro" con respecto a la evolución de la nómina laboral pública y privada al tiempo de la pandemia.
Finalmente, se planteó que se cite como testigos a los integrantes del "Comité de Expertos" que asesoró al Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia COVID 19.
