La Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la exvicepresidenta y dejó firme la sentencia de Casación que revocó su sobreseimiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la realización del juicio del expediente conocido como "Hotesur - Los Sauces" donde la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez entre otros, están acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Para los miembros del máximo tribunal "no se ha demostrado un supuesto de gravedad institucional —con la precisión y concreción que es dable exigir en este tipo de alegaciones— a fin de sortear la ausencia de una decisión definitiva o equiparable a tal". La Corte también rechazó los recursos de las defensas de Patricio Pereyra Arandia y de la hija de Alicia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado.
El expediente investiga maniobras de lavado de activos a través de alquileres simulados de hoteles y propiedades de la familia Kirchner en el sur a empresarios como Lázaro Báez, Fabián de Souza y Cristobal López a cambio de licitaciones a obras públicas. La decisión unánime de la Corte también los alcanza.
Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída por mayoría en 2021. Los jueces del Tribunal Oral número 5 fundaron su decisión al hacer lugar el argumento de su defensa y de otras que se había violado el principio de "ne bis in idem" el cual sostiene que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Sin embargo el año pasado, la Cámara Federal de Casación revirtió esa decisión y ordenó hacer el debate. En su fallo la sala I del máximo tribunal penal del país confirmó el sobreseimiento únicamente de Florencia Kirchner.
Con esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner sumó su tercer juicio, uno de ellos confirmado para el 6 de noviembre del próximo año. Se trata del de la llamada "causa de los Cuadernos" donde también está acusada de ser parte de una asociación ilícita pero dedicada al cobro de dádivas. Además, en 2025 llegará a manos de la Corte la revisión de la condena por administración fraudulenta en el expediente "Vialidad", donde tiene condena en segunda instancia e inhabilitación perpetua para ejercer cargo públicos.
