Paula Perassi estaba embarazada cuando desapareció en 2011 en Santa Fe. El caso ya tiene condenados, pero insisten con la recompensa económica para hallarla.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe determinó elevar una recompensa a 30 millones de pesos a cambio de obtener información de Paula Perassi, una mujer que tenía 34 años cunado desapareció en 2011, en la ciudad de San Lorenzo.
El Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino emitió una resolución en la que asegura que "la identidad de quienes brinden datos y sean adjudicatorios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial en los términos y condiciones previstos en el Artículo 48 1de la Ley N°13494".
Por su parte, según establece el documento al que accedió a La Capital de Rosario y que fue difundido por Noticias Argentinas, el pago de la retribución “se hará efectivo previo informe del representante del Ministerio Público de la Acusación y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos en relación al mérito de la misma”.
Hace 10 años, en septiembre de 2014, ya se había fijado una suma de dinero para aquellas personas que aporten datos relevantes del paradero de Perassi, cifra que en 2015 fue triplicada.
La desaparición y el juicio
Paula Perassi se encuentra desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011, cuando salió de su casa en San Lorenzo. Ese día les comunicó a sus padres que iría en búsqueda de una tarea para su hijo, sin embargo, nunca volvió a ser vista. Los investigadores descubrieron que tenía una relación con Gabriel Strumia, un empresario de la ciudad y amigo de la familia. Además, cursaba un embarazo de seis semanas.
El hombre fue condenado en 2019 a 17 años de cárcel por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por ser la víctima una mujer embarazada.
En tanto, su pareja, Roxana Michl, recibió 6 años de prisión por ser considerada partícipe secundaria y ahora está en libertad condicional. Mientras, la Justicia absolvió al chofer del principal acusado, a una enfermera sospechada de practicar un aborto clandestino y a policías señalados por encubrimiento.
La hipótesis del caso de Perassi marca que fue víctima de "un plan desaparecedor" ideado por los acusados. Al mismo tiempo, se cree que Strumia la convenció para que salga de su vivienda hace casi 13 años y que fue trasladada contra su voluntad en un auto por el empresario y un secretario a la localidad de Timúes, donde le practicaron un aborto, circunstancias en las cuales murió.
Desde 2015 a la fecha, intervino en la investigación el Equipo Argentino de Antropología Forense y realizó cuatro excavaciones con el fin de hallar el cadáver de esta mujer, sin éxito.
