Después de su exposición, Ariel Lijo sigue de cerca el poroteo en el Senado y no descartan que el Gobierno avance con la ampliación de la Corte Suprema.

El juez federal Ariel Lijo comienza una nueva semana con la expectativa puesta en la definición de los dictámenes de él como de García Mansilla para ser designados en la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, en el Senado ven la posibilidad de que el Gobierno vaya directamente con una reforma del máximo tribunal que amplíe los miembros, en caso de que no avancen estos pliegos.

El miércoles será el turno del letrado académico Manuel García Mansilla de presentarse ante la comisión de Acuerdos y de responder las preguntas de los senadores. En paralelo, Lijo sigue con la búsqueda de los 48 votos, ya que se requiere una mayoría de dos tercios para ser designado en el máximo tribunal, y apela a fragmentar los bloques parlamentarios. Es decir, que los pueda apoyar tanto peronistas, como radicales y representantes de Gobierno provinciales.

Una de las piezas clave ahí es el poder que concentra. Los gobernadores y senadores saben que si frenan el pliego del magistrado, se ganarán un enemigo en los tribunales federales de Comodoro Py, ya que Lijo seguirá a cargo del Juzgado Federal N°4 en Retiro. Pocos quieren tenerlo de adversario.

Pero Lijo no es el único interesado en llegar. Allí también aparece el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los que supo construir poder político dentro del máximo tribunal durante los Gobierno del kirchnerismo y que se vio debilitado durante la gestión de Mauricio Macri. El rafaelino, a su manera, también busca los votos para Lijo, con reiterados llamados a gobernadores y jueces provinciales de distintas instancias.

La presunta llegada de Lijo también busca dar un equilibrio a los poderes políticos en la Corte Suprema. Con la salida de Elena Highton de Nolasco, después de cumplir los 75 años, Horacio Rosatti construyó una mayoría para firmar sentencias y definir la agenda del máximo tribunal en conjunto con Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En este escenario, Lorenzetti quedó recluido sin demasiado para hacer, aunque aprovechó su lugar para impulsar el frustrado juicio político a la Corte Suprema llevó acabo la Cámara de Diputados.

En el mundo judicial todos vinculan a Lijo con Lorenzetti. Alguno incluso hablan de él como su "delegado en Py". Se trata de dos magistrados con altas relaciones con las cúpulas políticas. De hecho en los últimos meses aparecieron algunas especulaciones de una eventual relación entre el rafaelino con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, en medio de la necesidad de aliarse por oposición a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que según este sector "iba a destruirlo todo".

Es por eso que en el senado nadie descarta que el senador radical y Guadalupe Tagliaferri, la última larretista en el Congreso, apoyen de algún modo a Lijo. Tendrán que pensar una ingeniería discursiva para evitar pagar el menor costo político. La candidatura de Lijo fue impugnada por los principales estudios y colegios de abogados que apoyaron a Juntos por el Cambio y tienen buena relación con este espacio.

En las últimas horas se difundió un informe lapidario contra Lijo por el rol que tuvo en 20 años de juez federal con las causas de corrupción. Se trata de un trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que trabaja por el acceso igualitario a la Justicia, y que impugnó en las distintas instancias esta candidatura.

A esto se suma también el rechazo de la titular del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel, que la semana pasada fue al Colegio de Abogados de la Capital Federal, otro de los organismo que impugnó a Lijo, y dijo claramente que para ella "no tiene los pergaminos suficientes".

El informe indica que en los 19 años que lleva como juez en Comodoro Py, tuvo 89 causas de corrupción y que 26 de esos, es decir, casi uno de cada tres, no fue elevado a juicio oral ni desestimada la denuncia, lo que se dice, cajoneo. Y la mitad de ellas está así hace 10 años o más.

De las 63 que sí fueron cerradas  sólo 14 siguieron su rumbo judicial, sólo el 15% fueron elevadas a juicio oral. Estos números son de causas que cayeron en Juzgado Federal N°4 de la Capital Federal, no se consideran las que instruyó subrogando otros juzgados, un práctica común en Comodoro Py.

Para la ACIJ las causas de corrupción “son de especial interés para analizar el desempeño de un juez o jueza, debido a que en Argentina la impunidad ha sido la regla general en la investigación penal y sanción de la corrupción”.