Con 691 glaciares identificados y el 4% de la superficie protegida del país, Catamarca observa con atención la intención del Gobierno nacional de modificar la normativa que regula estas áreas clave para el agua y la minería. –eldiariodecatamarca.com
El anuncio del Gobierno de Javier Milei de abrir el debate para modificar la Ley de Glaciares reactivó una discusión que atraviesa de lleno a Catamarca, una de las provincias cordilleranas con mayor potencial minero y, a la vez, con importantes zonas protegidas. Según el Inventario Nacional, la provincia cuenta con 691 glaciares, lo que representa el 4% de la superficie bajo protección en todo el país.
La medida fue presentada como un gesto hacia los gobernadores mineros, con el objetivo de atraer inversiones, especialmente en proyectos de cobre y litio. El Gobierno ya intentó introducir cambios a esta norma en la Ley Bases, pero el artículo fue eliminado en el debate legislativo.
¿Qué protege la Ley de Glaciares y por qué genera tensiones?
Sancionada en 2010, la ley define presupuestos mínimos para preservar glaciares y ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua indispensables para comunidades, agricultura, biodiversidad y la recarga de cuencas. La norma prohíbe la actividad minera e industrial en estas áreas.
El punto más polémico para las provincias incluida Catamarca es la definición del ambiente periglaciar, considerada demasiado amplia. Esta categoría abarca no sólo glaciares sino también zonas de suelos congelados y cuerpos menores de hielo mezclados con rocas, áreas donde se ubican numerosos yacimientos minerales.
Para los mandatarios del corredor cordillerano, esta amplitud deja zonas clave fuera del desarrollo productivo y desalienta inversiones por la falta de precisión.
Qué significa el debate para Catamarca
Catamarca mantiene un fuerte desarrollo minero, especialmente en litio y cobre. Los cambios a la Ley de Glaciares pueden tener impacto directo en la planificación de nuevos proyectos, ya que varios se encuentran en zonas cercanas o dentro del ambiente periglaciar definido por la norma.
Entre empresarios y autoridades provinciales existe la percepción de que una actualización permitiría acelerar inversiones, al delimitar de forma más clara dónde se puede operar. Sin embargo, organizaciones ambientales alertan que flexibilizar la protección podría generar riesgos sobre reservas hídricas fundamentales para zonas áridas como el oeste catamarqueño.
La eventual reforma podría redefinir el mapa minero provincial, modificando los límites de zonas protegidas y habilitando o restringiendo inversiones clave. Pero también podría modificar el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del agua, un recurso crítico en Catamarca.
