La Dirección General de Escuelas está analizando unos 1000 certificados médicos de dudosa procedencia que fueron utilizados por docentes en actividad. Están revisando casi 15.000 licencias.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires está analizando un extenso listado de docentes que dependen de la Dirección General de Escuelas a cargo del exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, en los que se han detectado serias irregularidades por las ausencias y licencias médicas solicitadas en los últimos años.
Al parecer, según las investigaciones preliminares, que están guardadas bajo siete llaves debido a que buena parte de la estructura provincial educativa está a cargo de SUTEBA y el poderoso Roberto Baradel, por lo menos mil maestros han estado faltando y utilizan, para eso, un certificado médico de dudosa procedencia.
“Igual, empezaron por estos mil, pero pueden ser muchos más. No te olvides que hay más de 460.000 maestros en el sistema bonaerense”, le dijo a MDZ un influyente funcionario de Educación que prefirió no hablar en "on" porque también participa en el gremio que conduce el barbudo sindicalista ultra K, uno de los aliados más importante del proyecto político encabezado por Axel Kicillof.
“Esta es la primera vez que encontramos que Sileoni está con esta decisión. Se ve que, efectivamente, van a tener quilombos con la plata”, expresó la misma fuente. Alberto Sileoni, experimentado referente del peronismo K en todo lo que tiene ver con la educación pública, nunca antes había pensado en iniciar una investigación de estas características a pesar de las múltiples muestras que existen sobre los abusos observados en las licencias por enfermedad, estrés, y otros padecimientos.
"El sistema de licencias medicas está privatizado, la provincia contrata una empresa que se llama Dients, que es la encargada de receptar y otorgar las licencias. Es todo muy arbitrario y engorroso. Hace unos meses están haciendo una auditoría sobre licencias, no tengo claro si es la provincia u otra empresa", expresó una dirigente docente opositora.
Según su información, "se han iniciado una serie de sumarios, 17.000 dicen. Pero me consta que varios casos son licencias reales donde están poniendo en duda los certificados, por un medico que remarcó alguna palabra. Pero el certificado es real y la atención también. Me parece que hay mucho humo e intento de persecución", agregó.
“De todas las licencias que tiene el sistema, se elijen algunas al azar. Hay profesionales que han dado cuarenta licencias siquiátricas cada uno y en varios casos terminan perdiendo su licencia profesional y el docente el empleo”, recordó un ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal cuando realizaron una auditoría.
Un importante ministro del gobierno provincial ya viene advirtiendo que la situación económica podría poner en riesgo el mensaje positivista de Kicillof, quien viene dando muestras más que claras de querer encabezar un proyecto nacional, aún en ciernes.
“Vamos a ver cómo llegamos a mediados de año, la cuestión no está nada fácil. La recaudación se viene cayendo y todos sabemos que la Provincia es inviable sin la ayuda nacional”, agregó. Una de las que padeció esta dependencia fue la exministra de Economía Silvina Batakis, hoy casi enclaustrada en el ministerio de Vivienda y Hábitat bonaerense por pedido del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Este año, la administración bonaerense autorizó, además, aumentos en los servicios públicos dependientes de su jurisdicción, como lo son casi todas las empresas de energía del interior bonaerense, salvo el Gran Buenos Aires. La Empresa de Energía Atlántica, EDEA, emitió facturas con incrementos que rondan el 400% para los comercios e industrias, mientras que en los domicilios el incremento fue del 180% promedio. También autorizó una suba en las cuotas de los colegios privados del 50% promedio.
