Es la segunda vez consecutiva que se frena el ajuste. Desde el Palacio de Hacienda no quieren que nada afecte en el combate a la inflación y cambiaron la forma de actualización.
Mientras se define el esquema de ajuste de las tarifas de electricidad y gas natural, el Gobierno decidió postergar el aumento que estaba prevista para junio, para evitar un nuevo golpe a los bolsillos, en un escenario de inflación aún elevada, aunque con tendencia a la baja.
La medida afecta a las distribuidoras de luz y gas, entre ellas Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Naturgy y Transener, que de esta manera podrán "recuperar" esos ingresos a partir del 1 de enero de 2025.
Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno decide suspender la actualización automática mensual, que se había pensado para mantener constante el valor real de los ingresos que reciben las prestatarias. El cronograma de transición hacia la eliminación de los subsidios se retomará entre julio y diciembre.
Con el Palacio de Hacienda mirando día a día lo que ocurre con los precios, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo advirtió que la actualización ponía presión sobre la inflación del mes, y de allí la decisión del Gobierno.
Además, se decidió cambiar la forma de actualización de las tarifas a las distribuidoras, tomando la expectativa de inflación futura y no la pasada, en una clara jugada en línea con la idea de que la inflación entró en un sendero descendente.
Esto se da en el contexto del programa de quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3), que tendrán subas por el componente de los precios mayoristas de la electricidad -Precio Estacional (PEST)- y del gas -en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)-.
El valor de los subsidios se calcula sobre la base de los precios mayoristas. Allí apunta la nueva medida del Gobierno.
El Gobierno aspira a que en un plazo de seis meses se eliminen la mayor parte de los subsidios y que en ese plazo se pague el costo real de la energía, en tanto que el esquema de asistencia del Estado apunte a los “que realmente lo requieran”.
