Los distintos bloques dialoguistas presentaron una serie de iniciativas que se oponen a un nuevo decreto del Gobierno.
Las distintas acciones del Gobierno de Javier Milei tienen su impacto en el Congreso, algunas de forma más directa y otras menos. La publicación del decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, es uno de los que el Congreso apunta a derribar.
Distintos bloques que fueron aliados del Gobierno en distintos momentos se expresaron en contra del texto publicado en el Boletín Oficial. La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar esa normativa. Consideran que es un texto "contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la ley 27275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública".
En una línea similar se expresó el PRO, que destacó que esa ley se sancionó durante el Gobierno de Mauricio Macri, impulsado por el oficialismo de su momento. "Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública", sostuvieron desde la bancada de Cristian Ritondo.
Además, agregaron que "este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado". "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia", insistieron. Si bien se mostraron en contra, en ningún momento hablaron de dar marcha atrás con esta iniciativa.
Los diputados del bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto plantearon una "profunda preocupación" por la publicación de esta nueva normativa respecto al acceso a la información pública. Así presentaron En ese sentido, presentaron "un pedido de informes para que el Ejecutivo explique qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se restringe su función y se altera su sentido".
"Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad", señalaron en un comunicado.
