Por decreto se reglamentaron artículos que tienen como objetivos acelerar el plan de déficit cero y cambiar procedimientos administrativos.
El Gobierno reglamentó este lunes una primera parte de la ley Bases a través del decreto 695/2024, con tres objetivos centrales: "acelerar la motosierra, generar un mecanismo antiñoquis y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anticoimas", informaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El decreto incluye cuatro aspectos fundamentales: facultades delegadas, ley de empleo público, ley de procedimientos administrativos y ley de concesiones.
Entre los cambios más significativos que habilita, "el Congreso le permite al Gobierno adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70".
Por otro lado, "autoriza la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las comprendidas por la ley 23.696". Según explicaron desde la cartera que dirige Federico Sturzenegger, "estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se concretará a través de una serie de decretos delegados". Al respecto agregaron que "cierra en forma definitiva el INADI y estará publicado brevemente tras esta reglamentación".
Procedimiento "anticoimas"
Sobre el mecanismo "anticoimas" dijeron que "los cambios apuntan a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano". Al respecto, se pone en marcha el proceso de “silencio positivo” para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. "Se trata de un mecanismo por el cual, ante un pedido de autorización de un privado, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado. De esta manera desaparece el poder arbitrario del funcionario de cajonear un expediente y de pedir coimas", explicaron.
Por otro lado, "reduce el poder extorsivo del Estado, ya que se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes el funcionario podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. Antes la necesidad de agotar todas las instancias administrativas permitía “cajonear” una demanda contra el Estado. Este cambio también genera una mayor protección del ciudadano contra las arbitrariedades del Estado", agregaron.
Mecanismo "antiñoquis"
Con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado, se incorporará "un examen objetivo de competencias, que lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora", explicaron.
"Por otra parte, se acotan las adscripciones, ya que por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional. El empleado que salga de la órbita de la administración federal para pasar a trabajar en otro poder del Estado o un gobierno provincial o municipal dejará de recibir un sueldo del Estado Nacional", añadieron.
"Además, se reglamenta el proceso de disponibilidad para los empleados. Cuando un organismo o unidad se elimina o si se verifica que está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante este periodo cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, con un pago potencial de hasta 12 meses. En estos meses podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado y así se generará una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores en el sector privado formal", explicaron.
