Lo dispuso el juez Casanello a pedido del fiscal Pollicita; declararán con reserva de identidad los testigos que relataron los supuestos “aprietes” de dirigentes.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas bajo la sospecha de que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales para pedirles acceder a esa ayuda estatal.
Casanello, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
En su dictamen aparecen números chats que sostienen su imputación bajo la figura amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No obstante también se está evaluando si pudo existir lavado de dinero. “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, dice uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas.
El Gobierno pidió este martes que se lo considere querellante en el caso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es denunciante, mediante el abogado Fernando Soto, hizo la presentación y ahora debe decidir el juez Casanello si reviste la calidad de víctima.
Ahora, la Justicia está trabajando sobre lo secuestrado en los procedimientos, principalmente los teléfonos celulares, para reconstruir los mensajes y ver si determinan responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras.
La Justicia busca analizar cómo se articulaba desde el Estado el Plan Potenciar Trabajo y qué objetivos y lineamientos administrativos seguía, para contrastarlo con lo que señalan las denuncias que ocurría en los barrios, donde los intermediarios se habrían quedado con parte el dinero de los beneficiarios, tenían poder para sacarle los planes o retener los beneficios que le correspondían, como los alimentos que entregaba el Estado.
Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la vertiente no kirchnerista de Barrios de Pie. Son las organizaciones que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual.
