Los trabajadores de Antofagasta de la Sierra lo acusan de incumplir los plazos legales y agravar su situación económica y social. –eldiariodecatamarca.com
El juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar, vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de la segunda oportunidad que le concedió el Tribunal de Enjuiciamiento tras ser absuelto en marzo de este año, una nueva denuncia por mora judicial fue presentada en su contra.
La presentación fue realizada por el abogado Juan Manuel Zavaleta, en representación de 25 empleados del Municipio de Antofagasta de la Sierra, quienes reclaman el pago de una indemnización por daños y perjuicios tras haber sido cesanteados en 2016.
Zavaleta radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General contra el magistrado, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y retardo malicioso en la administración de justicia.
Según la presentación, el expediente de los trabajadores “quedó en estado de dictado de sentencia interlocutoria el 1 de agosto de 2023”, pero a la fecha el juez no emitió resolución. El abogado señaló que, tras un pedido de pronto despacho presentado el 21 de agosto de 2025, no hubo respuesta ni solicitud de prórroga, lo que configuraría una nueva mora judicial.
Antecedentes del conflicto
El caso se remonta a 2015, cuando el entonces intendente Carlos Fabián incorporó por decreto a 42 empleados a la planta permanente del municipio. Tras el cambio de gestión, el nuevo jefe comunal, Julio Fernández Taritolay, anuló los nombramientos mediante otro decreto, lo que derivó en una larga disputa judicial.
Los trabajadores presentaron una acción de amparo, que fue inicialmente favorable y ratificada por la Corte de Justicia de Catamarca en 2016. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ese fallo en 2018, ordenando un nuevo análisis del caso. Finalmente, en 2019, la Corte provincial reiteró la ilegalidad del decreto municipal y dispuso nuevamente la reincorporación de los empleados.
Posteriormente, los damnificados promovieron una acción resarcitoria por más de 20 millones de pesos, en concepto de lucro cesante, pérdida de chance y daño moral. Esa causa es la que actualmente se encuentra sin resolución en el juzgado de Aybar.
En el marco de este cuestionamiento judicial, Zavaleta pidió a la Fiscalía General que se abra una investigación penal contra Aybar, se lo cite a declaración y se requiera informe al juzgado sobre el estado del expediente y las causas de la demora.
