El titular del Polo Obrero está imputado por desviar fondos del plan Potenciar Trabajo para fines políticos partidarios. El delito prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel. El juez federal, Sebastián Casanello, consideró que hay pruebas para sostener el dirigente desviaba fondos que eran entregados a través del plan Potencia Trabajo para fines políticos partidarios.
En la imputación, Casanello mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
Dentro de la resolución Casanello, de 168 páginas, el juez detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.
Indica que “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.
Ante este escenario, “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
La causa se inició a raíz de las denuncias recibidas en la línea 134 y registradas en el Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre pasado, donde beneficiarios de planes sociales podían exponer a aquellos intermediarios que los amenazaran para participar en machas contra el Gobierno.
En este sentido, el juez Casanello expuso que “los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.
El procesamiento a Belliboni alcanza además a otras 17 personas entre las que se encuentran Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego.
María Isolda Dotti y Gianna Puppo además fueron procesadas por “amenazas coactivas”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia son acusadas de ser autoras de las amenazas.
Como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz, según detalló Infobae.
Tras las denuncias, todos negaron las acusaciones en Comodoro Py y sostuvieron que se trata de una persecución contra las organizaciones populares.
