Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la adenda que firmó el gobernador con el Gobierno nacional para invertir los fondos que para Portezuelo del Viento en otras obras de infraestructura.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció la firma de una adenda del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei que habilita la ampliación del destino de los 1.023 millones de dólares que iban a utilizarse para financiar la construcción de Portezuelo del Viento. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la modificación al convenio original que en los próximos días deberá ser ratificada por la Legislatura.
A través del Decreto N° 883, el mandatario provincial aprobó la Adenda al Acuerdo entre el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza, firmado el 25 de abril de 2024 por Cornejo y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos.
El segundo artículo de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial establece que “los fondos objeto del acuerdo aprobado (…) serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.
Este decreto deberá ser ratificado ahora por la Legislatura provincial para su entrada en vigencia definitiva y que el Gobierno provincial pueda disponer de los recursos. La modificación aprobada busca blindar legalmente la utilización de los fondos para distintas obras de infraestructura y no exclusivamente a proyectos hidroeléctricos.
El acuerdo firmado el 13 de junio de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri y por Cornejo en su primera gestión al frente de la provincia resolvió el reclamo de Mendoza por los perjuicios provocados por la promoción industrial durante la década de los 90, que habían derivado en una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Las partes acordaron que Nación transferiría 1023 millones de dólares a modo de compensación.
En la cláusula tercera del acta quedó establecido que los recursos se utilizarían para el financiamiento de la represa Portezuelo del Viento “y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
Caída la posibilidad de avanzar con la presa proyectada en Malargüe, el Gobierno de Mendoza inició para que esos fondos puedan tener un destino más amplio y no exclusivamente para obras hidroeléctricas.
En los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resalta los impedimentos que tuvo el avance de Portezuelo del Viento. Señaló que fueron el dictado del laudo presidencial de Alberto Fernández el 22 de diciembre de 2022, la falta de crédito presupuestario a los fines de que COIRCO inicie los trabajos preliminares para concretar los estudios pertinentes derivados del laudo, la incertidumbre sobre los recursos económicos y temporales que dicha actividad requiere y la paralización de las actuaciones administrativas.
“La Provincia concertó con el Estado Nacional la conveniencia de ampliar el objeto del Acuerdo pudiendo, asimismo, realizar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial conforme el régimen jurídico local”, destacó.
El primer punto de la adenda sustituye la cláusula tercera del acuerdo, la cual quedó redactada de la siguiente menera: "CLÁUSULA TERCERA: La Provincia se compromete a llevar adelante la ejecución de la Obra y/u otras obras de infraestructura necesarias para su desarrollo. La Obra se ejecutará conforme al régimen jurídico provincial y las disposiciones acordadas en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Las otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial se ejecutarán conforme el régimen jurídico provincial, y respecto de las cuales, el Estado Nacional no asume ningún compromiso adicional alguno para su ejecución. Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de Nación la Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de su ejecución. Las amortizaciones de las letras pagadas y pendientes de pago deberán aplicarse gradualmente a ejecutar las obras que la Provincia defina, quedando ésta facultada a realizar inversiones transitorias de bajo riesgo necesarias a fin de preservar el valor real y constante de la moneda”.
De esta manera, Mendoza queda habilitada para usar los 1023 millones en “otras obras de infraestructura necesarias para su desarrollo” y hace especial hincapié en que las mismas “se ejecutarán conforme el régimen jurídico provincial, y respecto de las cuales, el Estado Nacional no asume ningún compromiso adicional alguno para su ejecución”.
